La orden llegó un jueves, sin aviso previo a las universidades afectadas. El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda federal contra cuatro estados —Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington— por leyes que permiten a sus universidades públicas cobrar tarifas de matrícula de residente y otorgar ayuda financiera a estudiantes sin estatus migratorio legal.
Para la Administración Trump, el asunto no admite matices: la ley federal prohíbe a las instituciones de educación superior conceder a extranjeros beneficios que no se ofrecen a los ciudadanos estadounidenses. Las normas vigentes en los cuatro estados hacen exactamente eso, según el DOJ, al permitir que universidades estatales cobren la tarifa de residente y otorguen becas «a todos los estudiantes, independientemente de su estatus».
«Al conceder tarifas de matrícula para residentes a extranjeros indocumentados, Washington, Oregón, Nuevo México y Arizona están relegando a los ciudadanos e ignorando la ley federal. Se acabó», declaró el fiscal adjunto Stanley E. Woodward en el comunicado que anunció la demanda.
El departamento no se limitó a la denuncia genérica. En el caso de Arizona citó un dato concreto: un informe del Arizona Center for Investigative Reporting estima que más de 3,600 migrantes indocumentados al año podrían optar a las tarifas de residente bajo la ley estatal en los próximos años. Es la cifra que, en la lectura del DOJ, convierte una política de acceso educativo en un incentivo migratorio.
La trastienda de esta demanda se remonta al año pasado, cuando Trump firmó dos órdenes ejecutivas dirigidas a garantizar que los inmigrantes indocumentados no obtengan beneficios fiscales ni trato preferencial frente a los ciudadanos. Desde entonces, el Departamento de Justicia ha convertido esas órdenes en una ofensiva judicial sostenida: la demanda contra Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington eleva a 21 el número de estados demandados por este motivo, una lista que —según el propio DOJ— incluye también estados gobernados por republicanos.
El antecedente más citado por la Administración es Texas. El año pasado, la Casa Blanca logró poner fin a un programa que, desde 2001, permitía a jóvenes sin ciudadanía estadounidense que vivieron y se graduaron de secundaria en ese estado pagar la misma matrícula reducida que los residentes texanos. Fue la primera gran victoria del DOJ en esta cruzada, y el desenlace que ahora buscan replicar en los cuatro estados demandados esta semana.
Los protagonistas de este pulso no son solo los fiscales de Washington D.C. Son también los estudiantes indocumentados que, en Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington, accedieron a esas tarifas confiando en leyes estatales aprobadas por sus propias legislaturas, y las universidades que las administran. Ninguno de los cuatro gobiernos estatales ha respondido públicamente, según la información disponible hasta el cierre de esta nota, a los señalamientos del Departamento de Justicia.
La escena lo dice todo: un gobierno federal que decide, estado por estado, que las políticas de acceso universitario diseñadas en las legislaturas locales chocan con la ley federal, y que está dispuesto a litigar hasta revertirlas una por una.
Para la línea de este diario, el principio en juego no es menor. Un ciudadano estadounidense que paga impuestos durante años para sostener el sistema universitario de su estado no debería competir en desventaja frente a quien ingresó o permanece en el país sin autorización legal. La igualdad ante la ley —no la excepción por compasión selectiva— es la base sobre la que se sostiene cualquier sistema de becas y matrículas financiado con dinero público.
La cifra de Arizona, más de 3,600 beneficiarios potenciales al año, ilustra el argumento central del DOJ: cuando un estado ofrece ventajas económicas a quien está fuera del marco legal migratorio, no solo incumple la norma federal, también crea un incentivo perverso para la inmigración irregular, a costa de los propios residentes que financian ese sistema. Que la ofensiva ya alcance a 21 estados, republicanos y demócratas por igual, sugiere que la Casa Blanca no ve esto como una batalla partidista, sino como una cuestión de estado de derecho aplicada sin excepciones.
