La escena lo dice todo: mientras el Presidente José Antonio Kast participaba en el Foro Madrid, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, salía al aire en Radio Infinita a cuestionar sus prioridades. «Uno se pregunta dónde está la prioridad del Gobierno», dijo, y con esa frase abrió una de las semanas más tensas del oficialismo chileno.
Figueroa fue directa. «¿Dónde está la agenda prioritaria hoy día del presidente de la República?», preguntó, y respondió ella misma: a su juicio, Kast optó por «congraciarse, seguir fortaleciendo, robusteciendo un foro» del que es fundador, en lugar de «hacerse cargo de las urgencias, prioridades y los abandonos que tienen las familias trabajadoras en nuestro país».
El argumento económico de la dirigenta comunista se apoyó en un dato concreto: el IMASEC —el indicador mensual de actividad económica regional— está en terreno negativo. «Cuando la preocupación es qué va a pasar con el empleo, cuando estamos enfrentando una situación con un IMASEC negativo, uno se pregunta dónde está la prioridad de la agenda del gobierno», sostuvo.
Pero el golpe más duro de Figueroa no fue económico, sino ideológico. Cuestionó el contenido de la carta fundacional del Foro Madrid y su vínculo entre comunismo, narcotráfico y terrorismo, calificándolo de «un salto de proporciones» respecto a lo que conocía «en torno a la congregación de grupos políticos, en este caso de extrema derecha». Para marcar el contraste, trazó una línea con el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, espacios de izquierda de los que ella no cuestionó el origen ideológico ni denunció vínculo alguno con el crimen organizado, y que —según planteó— no establecerían esa relación directa entre ideología y terrorismo.
Los detalles cuentan la historia también en el frente austral. Figueroa abordó la polémica con Argentina por el Estrecho de Magallanes, y fue tajante: la señal más contundente para resguardar la soberanía chilena sería un pronunciamiento público del Presidente Javier Milei ratificando que no existe ninguna discusión sobre el territorio. «Lo más concreto y efectivo es que, más allá de la firma del decreto, que entiendo que además ya se ha relativizado en estos días, haya un explícito pronunciamiento por parte del presidente de Argentina», dijo.
Ahí, la dirigenta comunista giró su artillería hacia la Cancillería chilena, a la que calificó de «débil». «Uno esperaría una fuerte y contundente visión donde no hay un asomo de duda respecto a una materia que no tiene ningún atisbo de posibilidad siquiera de estar en un debate de relativización, de cuestionamiento», señaló, y agregó que «hoy día es el propio presidente de la República quien le ha quitado piso al canciller señalando que no le va a exigir la firma del decreto».
Figueroa fue más allá y apuntó a lo que consideró una posición ideologizada de la diplomacia chilena, extendiendo la crítica al manejo del debate arancelario con Estados Unidos: «Creo que lo hemos visto respecto de cómo hemos enfrentado el debate de aranceles con Estados Unidos, una voz que muchas veces no logra ser al menos sustantiva». Sobre el episodio argentino, advirtió que «el riesgo mayor no es solamente el conflicto que tú puedas tener entre naciones, sino que el potencial pronunciamiento de un tercero respecto a estas materias».
El cierre de la dirigenta fue, en sus propias palabras, «más cuidadoso»: habló de un planteamiento «poco enérgico» por parte del Gobierno, evitando la palabra «debilidad» aunque sugiriéndola con cada frase.
La trastienda de este round es reveladora. Quien acusa al Presidente de priorizar un foro ideológico por sobre la economía real es la máxima dirigente de un partido que históricamente ha defendido, financiado o guardado silencio ante espacios como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, plataformas que también nacieron con una carga ideológica explícita. La distinción que traza Figueroa —que esos foros no vinculan ideología con terrorismo, a diferencia del Foro Madrid— es, en sí misma, un juicio político, no un hecho verificado en estas declaraciones.
Más allá de la disputa retórica, el dato que debería preocupar al lector es el IMASEC negativo que la propia Figueroa invoca: un indicador de actividad económica en rojo es una señal dura sobre el empleo y la inversión, independiente de quién la use como argumento. Y en el frente de la soberanía austral, la exigencia de un pronunciamiento explícito de Milei —y no solo gestos diplomáticos ambiguos— es, para cualquier país que valore la seguridad jurídica de sus fronteras, la única garantía que realmente cuenta.
