El mototaxi avanzaba sin prisa por el barrio El Centro, en Sulaco, Yoro, cuando los agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) le dieron el alto. Adentro de una mochila, los policías hallaron unos 40 envoltorios con supuesto clorhidrato de cocaína y un teléfono celular. El hombre, de 40 años, se llama Patricio Ferrera Rodas. Las autoridades lo señalan como hermano de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias «El Diablo», uno de los rostros más visibles del cártel que lleva su apodo.
La escena lo dice todo: otro apellido Ferrera, otra detención, otro eslabón de una red que la Policía hondureña intenta desarmar pieza por pieza. Patricio será remitido al Ministerio Público y deberá enfrentar el proceso correspondiente por presunto tráfico de drogas y asociación para delinquir, según el reporte policial.
No es la primera vez que un hermano de «El Diablo» cae en un operativo. El pasado mayo, en una zona montañosa de El Porvenir, Francisco Morazán, la Policía capturó a José Luis Ferrera Rodas, también identificado como hermano de Esteban Ferrera. En aquel operativo los agentes decomisaron un rifle, municiones, un chaleco táctico y 140 envoltorios con supuesta cocaína. José Luis fue enviado posteriormente a prisión preventiva por delitos relacionados con crimen organizado.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de mayo, cuando la Secretaría de Seguridad informó que parte de los miembros del grupo utilizaban zonas montañosas y cuevas naturales para ocultarse de las autoridades. Sulaco, donde cayó Patricio, forma parte de ese mismo territorio de operaciones, junto con Yorito, Victoria y zonas del norte de Francisco Morazán: una geografía de caminos rurales y montañas que los propios cuerpos de seguridad describen como especialmente compleja para la persecución de estructuras criminales.
La trastienda de este tipo de capturas rara vez es tan simple como parece. Aunque numerosas informaciones han identificado a Esteban Ferrera como líder del Cártel del Diablo, investigaciones periodísticas han señalado que sería Yonatan Estrada quien ocuparía la posición más alta dentro de la estructura, mientras Ferrera actuaría como uno de sus principales mandos y su rostro más visible. Por eso resulta más preciso describir a Ferrera como cabecilla o figura principal señalada por las autoridades, antes que asumir una jerarquía completamente esclarecida.
Esa distinción no es menor para quien sigue el desenlace de esta ofensiva. Las investigaciones sobre organizaciones criminales no terminan necesariamente cuando cae un líder visible. Toda estructura necesita personas que provean transporte, refugio, armas, comunicaciones, distribución de droga o vigilancia territorial. Ahí es donde los protagonistas dejan de ser los nombres de cartel y pasan a ser hermanos, cuñados, vecinos: la red de apoyo que sostiene el negocio cuando el foco mediático se concentra en un solo apodo.
La Policía lo entiende así. La captura de familiares y presuntos colaboradores adquiere importancia para los investigadores porque puede ayudar a reconstruir cómo funcionaba la red más allá de sus figuras conocidas. Los detalles cuentan la historia: un rifle y 140 envoltorios en mayo, 40 envoltorios y un teléfono en septiembre. Cantidades menores, quizás, comparadas con las grandes incautaciones que suelen ocupar titulares, pero suficientes para sostener cargos por tráfico de drogas y asociación para delinquir.
Mientras tanto, la Policía mantiene abierta una pregunta más amplia: cuánto queda realmente de la estructura después de meses de capturas y quién continúa sosteniendo sus operaciones en la zona montañosa de Yoro. Es la misma pregunta que enfrenta cualquier Estado que decide perseguir no solo al cabecilla que aparece en la fotografía, sino a la arquitectura familiar y logística que lo rodea.
Esa arquitectura, hecha de mototaxis, mochilas y envoltorios contados uno por uno, es precisamente donde se decide si el Estado de derecho gana o pierde terreno frente al crimen organizado. Cada captura de un hermano, un primo o un colaborador logístico erosiona la capacidad operativa de una red que sobrevive gracias a lazos de sangre y confianza, no solo a la figura visible que le da nombre y apodo.
Honduras vive desde hace meses una ofensiva que pone a prueba precisamente esa lógica: perseguir la infraestructura, no solo la etiqueta. El resultado todavía está por verse, pero cada detención en Yoro suma un dato más a favor de la tesis de que desmantelar un cártel exige mirar más allá del rostro que aparece en los reportes policiales, hacia la red de apoyo que le permite seguir operando en las montañas.
