El piso 26 de la Procuraduría General de la Nación amaneció, un lunes reciente, con un ventanal perforado. Nadie lo notó de inmediato: el impacto ocurrió durante un fin de semana y solo días después el personal del Ministerio Público repararía en el daño. La escena lo dice todo sobre el estado de alerta que hoy recorre los pasillos de la justicia colombiana.
El hallazgo llegó hasta la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia por vía del magistrado José Joaquín Urbano Martínez, quien decidió no guardar silencio. En un documento revelado por El Tiempo, el magistrado envió una alerta de seguridad tras conocerse que la oficina afectada pertenecía a un alto funcionario de la Procuraduría.
La trastienda del episodio conecta con un expediente que marcó jurisprudencia: la condena contra Juan Francisco «Kiko» Gómez Cerchar, exgobernador de La Guajira. Según el magistrado, los disparos «tendrían relación» con ese fallo, y no se trata de una sospecha aislada: otros funcionarios que intervinieron en el proceso también manifestaron, en las semanas recientes, preocupación por su seguridad personal y la de sus familias.
«Pongo estos hechos en su conocimiento porque considero que existe la posibilidad de que los Magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar», escribió Urbano Martínez en la carta que hoy circula entre los protagonistas del caso.
Una comisión de Policía Judicial fue asignada para investigar el impacto de bala en el ventanal, un trabajo técnico que buscará determinar el origen y la trayectoria del disparo antes de que la hipótesis del magistrado se confirme o se descarte. Por ahora, la palabra clave en el documento es «estarían»: una atribución cautelosa, propia de quien conoce el peso de una acusación sin pruebas balísticas cerradas, pero que no por eso deja de encender las alarmas institucionales.
El caso Gómez Cerchar no es menor en la historia judicial reciente del país. La condena contra el exgobernador de La Guajira representó, para buena parte del sistema de justicia, una señal de que ni el poder regional ni las estructuras políticas territoriales quedan exentas del brazo de la ley. Que ese mismo fallo reaparezca hoy, entrelazado con disparos contra una oficina de la Procuraduría, obliga a leer el episodio como algo más que un incidente de seguridad puntual.
Para entender el presente hay que volver a esa condena: cuando un tribunal se atreve a sentenciar a un exgobernador por delitos graves, el mensaje institucional es contundente, pero también expone a quienes lo dictaron. La carta de Urbano Martínez no es un trámite burocrático; es el testimonio de jueces que, según sus propias palabras, temen por su vida y la de sus familias como consecuencia directa de haber hecho su trabajo.
El desenlace de la investigación policial determinará si los disparos fueron un mensaje deliberado, una coincidencia con otro origen o un hecho aislado sin relación con el expediente judicial. Pero el efecto ya está instalado: la sola posibilidad de que un fallo judicial derive en amenazas contra magistrados de la Sala de Casación Penal es, en sí misma, una noticia que interpela al Estado colombiano sobre su capacidad de proteger a quienes sostienen el andamiaje de la justicia.
En un país donde la propiedad, la inversión y la confianza institucional dependen de que las reglas se cumplan y de que los jueces puedan fallar sin mirar sobre el hombro, un disparo contra el piso 26 de la Procuraduría no es solo un expediente de seguridad más. Es un recordatorio de que el estado de derecho —esa garantía mínima sin la cual no hay mercado libre ni seguridad jurídica que valga— se defiende, literalmente, a bala en algunos rincones de Colombia.
Si la hipótesis del magistrado Urbano Martínez se confirma, el mensaje para cualquier juez que se atreva a condenar a un poderoso político regional será inequívoco: la sentencia tiene un costo que va más allá de lo jurídico. Y ese es, precisamente, el tipo de precedente que ninguna democracia que aspire a la inversión, la propiedad y el orden puede permitirse dejar sin respuesta contundente.
