La escena lo dice todo: un ministerio que exhibe gráficas ascendentes de matrícula mientras, a pocas cuadras de cualquier despacho oficial, un aula recibe la mitad de los alumnos inscritos. Esa disonancia —entre el papel y el pupitre— es el hilo que atraviesa el balance de gestión educativo 2025-2026 presentado por el Ministerio de Educación de Venezuela.
Según el Sistema de Gestión Escolar, la matrícula pasó de 5.570.942 inscritos en julio de 2024 a 5.936.006 en julio de 2025, hasta llegar a 6.009.254 estudiantes en julio de 2026. El Gobierno lo describe como un crecimiento acumulado de 7,9% y lo acompaña con el egreso de 369.810 nuevos bachilleres. Las cifras, leídas aisladas, sugieren un sistema en expansión y consolidación.
Pero los diagnósticos de centros de investigación y encuestas de hogares cuentan otra historia. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2025) revela que la cobertura educativa real apenas alcanza 64% de la población escolarizada, lo que equivale a que aproximadamente 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes permanecen completamente fuera del sistema educativo formal.
"Hay un tercio de la población de 3 a 5 años que permanece desescolarizada y con ello se está perdiendo de recibir todo el apresto necesario para el desarrollo de los aprendizajes", señaló Anitza Freitez, coordinadora de la encuesta y directora general del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES-UCAB), durante la presentación de los resultados.
El Ministerio destaca que de 188 días escolares planificados se cumplieron 178 jornadas, un 94,68% del calendario, y que el promedio de asistencia mensual llegó a 82,73%. Los detalles cuentan la historia real: la Encovi 2025 advierte que 44% de los estudiantes matriculados asiste a clases de forma irregular, reduciendo su presencia a solo dos o tres días por semana. No se trata, subraya el informe, de una decisión voluntaria, sino de la consecuencia directa de privaciones cotidianas acumuladas.
"Tenemos un 60% que asiste regularmente y un 40% que no lo hace. Allí hay un elemento de desigualdad que va ampliando las desventajas que apuntan a la acumulación de condiciones de vulnerabilidad", explicó Freitez. La investigación agrega que entre 2017 y 2025 el rezago escolar severo se triplicó entre niños y adolescentes, convirtiéndose en antesala de exclusión educativa.
La plataforma HumVenezuela documenta que las fallas recurrentes de los servicios públicos básicos —cortes prolongados de electricidad, escasez crítica de agua potable, falta de transporte eficiente— sumadas al empobrecimiento de los hogares, obligan a suspender la rutina de aprendizaje para casi la mitad de la población escolarizada. El aula formalmente abierta no equivale, en la práctica, a un niño sentado en ella.
Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, propone una vara distinta de medición: el "tiempo efectivo de aprendizaje", que integra días reales de apertura, presencia efectiva del estudiante, continuidad del docente y horas pedagógicas impartidas. "Ninguna de esas dimensiones, considerada aisladamente, permite conocer la exposición real del estudiante a oportunidades de aprendizaje", advierte en su informe más reciente. Trapani recomienda que el Estado publique un indicador nacional con esa metodología, desagregado por territorio y nivel educativo, para identificar dónde la apertura formal del plantel no se traduce en continuidad pedagógica.
El otro pilar del relato oficial es el Programa de Alimentación Escolar (PAE), presentado como uno de los logros logísticos más destacados de la gestión. Las cifras gubernamentales muestran que la distribución de alimentos pasó de 21.762,97 toneladas en el ciclo 2023-2024 a 54.095,55 toneladas en 2024-2025 y a 66.412,91 toneladas en 2025-2026, casi el triple del tonelaje inicial en tres años. Sin embargo, mover más comida en agregado no garantiza el plato en la mesa: la Encovi 2025 encontró que solo 29% de las instituciones educativas dotadas con el PAE logran servir almuerzos de manera continua e ininterrumpida todos los días de la semana.
Para entender el presente hay que volver a esa brecha entre el boletín y el aula. El desenlace de este balance no está en las gráficas del ministerio, sino en la cifra que ninguna estadística oficial resalta: 1,2 millones de niños sin escuela y cuatro de cada diez alumnos asistiendo a medias.
La trastienda de este contraste no es solo estadística: es un recordatorio de que, cuando el Estado controla a la vez la provisión y la medición del servicio, el ciudadano queda a merced de la narrativa oficial. Solo la existencia de organismos independientes —la UCAB, Cecodap, HumVenezuela— permite contrastar el relato gubernamental con la vida cotidiana en los pupitres. Esa pluralidad de datos, y no la cifra que más convenga al poder, es la que finalmente protege el derecho de un niño a aprender.
