La escena se repite con una regularidad que ya no sorprende a quienes siguen de cerca los pleitos energéticos de Estados Unidos: aparecen grupos vecinales con pancartas hechas a mano, camisetas idénticas y consignas calcadas, presentados como movimientos espontáneos de base. Larry Behrens, director de comunicaciones de Power The Future, dice haber visto esta película antes.
"Es un guion que ya hemos visto", afirmó Behrens a Fox News Digital. "Creo que los estadounidenses vieron esto con el oleoducto Dakota Access. Lo ven con la producción de petróleo o gas natural dentro de Estados Unidos. Esta organización aparentemente de base surge, pero todos llevan las mismas camisetas, cantan el mismo guion y llevan los mismos carteles, y cuando vemos eso, sabemos que no es realmente una organización de base, que el dinero viene de algún lado, y en este caso, contra los centros de datos", sostuvo el analista.
Según la reconstrucción de Fox News Digital, varias organizaciones que respaldan la oposición a los centros de datos han recibido financiamiento de redes progresistas de gran escala. Public Citizen ha listado entre sus apoyos a la Open Society Foundations de George Soros, cuyo "generoso respaldo" —según la propia organización— hace posible su trabajo. El Sierra Club, por su parte, recibió 3.6 millones de dólares del Sixteen Thirty Fund de Arabella Advisors entre 2014 y 2022.
El caso de CodePink añade un matiz distinto a la trama. El grupo, que ha señalado proyectos de centros de datos, ha recibido fondos vinculados al megadonante socialista Neville Roy Singham, señalado por tener lazos profundos con el Partido Comunista Chino. Fox News Digital había reportado previamente que Singham canalizó unos 285 millones de dólares hacia seis organizaciones activistas sin fines de lucro, en un momento en que Estados Unidos y China compiten por el dominio global de la inteligencia artificial.
Texas es, para muchos, la línea de frente de esta batalla. Allí, la oposición ha sido impulsada por una red que incluye a Public Citizen, el Sierra Club y el Party for Socialism and Liberation (PSL). Public Citizen figura como miembro fundador de la Texas Data Center Rebellion, que reunió a activistas de todo el estado en un encuentro de dos días en San Antonio. En julio, el capítulo de Austin del Sierra Club, el PSL y la Save Our Springs Alliance organizaron juntos un foro llamado "Defend Dog's Head" para oponerse a un desarrollo masivo en Austin que incluye centros de datos.
Los detalles cuentan la historia con más fuerza que cualquier titular: varios de los mismos grupos activos en las protestas contra el ICE y en las marchas "No Kings" en todo el país también aparecen empujando la resistencia contra los centros de datos, según lo reportado por Fox News Digital. La coincidencia de siglas y de nombres, en la lectura de Behrens, no es casual sino estructural: una infraestructura de financiamiento que se mueve de causa en causa manteniendo el mismo andamiaje de activistas.
Nada de esto implica que las preocupaciones locales sobre consumo eléctrico, uso de agua o impacto en comunidades sean inventadas; son, de hecho, el terreno fértil sobre el que estas campañas logran anclarse. Pero el señalamiento de Power The Future apunta a algo distinto: que detrás de la fachada vecinal opera una maquinaria de recursos que trasciende el barrio y que, en algunos tramos, entrelaza dinero de fundaciones estadounidenses con redes que —según reportes previos del propio medio— tocan intereses chinos en plena carrera por la supremacía en inteligencia artificial.
Para quien defiende la libre empresa y la construcción de infraestructura energética como motor de crecimiento, el patrón descrito resulta inquietante por una razón sencilla: cada centro de datos frenado no es solo una obra menos, es una apuesta menos por el liderazgo tecnológico estadounidense frente a Pekín, financiada, paradójicamente, por dinero que no siempre nace en la comunidad que dice defender.
El desenlace de esta pugna se juega, por ahora, en audiencias municipales y foros comunitarios de Texas y otros estados, lejos de los reflectores nacionales. Pero el expediente que empieza a armarse —fundaciones, donantes y coincidencias de siglas— sugiere que la próxima gran batalla energética de Estados Unidos no se decidirá solo con datos técnicos sobre consumo eléctrico, sino con la pregunta de quién financia, y con qué intención, a quienes se oponen a que ese futuro se construya en casa.
