La sala donde se decidió el futuro del fracking en México no tuvo cámaras. Fueron cuatro reuniones a puerta cerrada entre el Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural No Convencional y la presidenta Claudia Sheinbaum. El resultado, hecho público esta semana por una de sus integrantes, es menos un anuncio que una confesión de plazos: la fractura hidráulica en suelo mexicano tardaría, en el mejor de los casos, entre dos y tres años más en convertirse en algo distinto a un expediente.
«Yo creo que esto llevaría por lo menos otros dos o tres años, se tiene que regular», dijo Leticia Merino, integrante del comité, según El Financiero. La frase resume la trastienda de un proceso que el gobierno ha tratado con cautela política, pero que en los hechos avanza a paso de burocracia: sin estudios de agua terminados, sin exploración concluida y sin normatividad escrita.
El primer obstáculo es hidrológico. Antes de perforar un solo pozo, será necesario determinar la disponibilidad de agua salobre en las regiones candidatas y comprobar que esos acuíferos no estén conectados con fuentes destinadas al consumo humano o a la agricultura. Merino indicó que esos estudios podrían iniciar apenas a finales de este año o principios del próximo, y que deberán realizarse en distintos puntos de las cuencas consideradas, no en un solo sitio representativo.
Solo después de ese paso llegaría la exploración propiamente dicha: confirmar si los recursos prospectivos —que existen, según la especialista— pueden convertirse en hidrocarburos explotables y, sobre todo, si su extracción resultaría rentable bajo las condiciones que el propio gobierno pretende imponer. Es decir: México tiene gas en el subsuelo, pero todavía no sabe cuánto de ese gas vale la pena sacar ni a qué costo regulatorio.
Mientras tanto, el aparato estatal ya trabaja en el andamiaje legal que enmarcará —o limitará— la actividad. Merino señaló que en los próximos meses se prevé avanzar en dos decretos: uno para respaldar la prohibición del fracking en la cuenca Tampico-Misantla, y otro para fijar restricciones sobre el uso del agua en el resto del territorio donde eventualmente se autorice la técnica.
El veto a Tampico-Misantla no es un detalle menor. Según la especialista, la zona fue descartada por su mayor densidad de población rural, las condiciones de pobreza de varias comunidades y su alta dependencia del territorio para agricultura y turismo. En contraste, las cuencas del norte —donde sí se contempla avanzar— tienen menor densidad poblacional en las áreas de interés, aunque Merino fue clara: eso no las exime de impactos ambientales.
El giro que más debería inquietar a quien mira este expediente desde la lógica de la inversión es otro: todavía no está definido si los proyectos se desarrollarán mediante contratos mixtos o con participación de empresas privadas. Merino lo planteó sin rodeos, apuntando a «las limitaciones financieras y tecnológicas que enfrentaría Pemex para emprender por sí solo proyectos de esta magnitud». La petrolera estatal, cargada de deuda y con capacidad técnica limitada para fractura hidráulica a gran escala, no está en condiciones de hacerlo sola, según reconoce la propia especialista que asesoró al gobierno.
Los detalles cuentan la historia completa: un país con recursos prospectivos de gas no convencional, un discurso oficial de soberanía energética, y una hoja de ruta que depende, en última instancia, de estudios que ni siquiera han comenzado y de una decisión —participación privada sí o no— que el propio comité admite no haber resuelto.
Para entender el presente hay que volver a esas cuatro reuniones a puerta cerrada: ahí se fijó un calendario que empuja cualquier desarrollo real más allá de 2028, en el mejor escenario. El desenlace de este expediente energético no se escribirá con un decreto de urgencia, sino con años de estudios hidrológicos, exploración geológica y una arquitectura regulatoria que aún está en borrador.
El gobierno de Sheinbaum enfrenta ahora la tensión entre su retórica de soberanía sobre los hidrocarburos y una realidad más prosaica: sin capital privado, sin certeza jurídica y sin reglas claras, Pemex difícilmente podrá capitalizar sola los yacimientos no convencionales del norte del país. Cada año de indefinición regulatoria es, en los hechos, un año más de gas que se queda bajo tierra y de inversión que busca otros destinos donde las reglas del juego ya estén escritas.
