En un conversatorio organizado por la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de Panamá, Melanie Carter, consejera económica adjunta de esa misión diplomática, dijo la frase que resume la apuesta: «Panamá ya sabe cómo mover mercancías. Ahora tiene la oportunidad de hacer más negocios alrededor de la tecnología». La escena lo dice todo: un funcionario estadounidense, ante empresarios y periodistas locales, presentando a Panamá como plataforma de una disputa que se juega a escala global.
El nombre del proyecto es Pax Silica, una iniciativa de Estados Unidos que busca trabajar con países socios para hacer más seguras y confiables las cadenas de suministro de tecnologías como la inteligencia artificial y los semiconductores. Panamá fue seleccionado, según Carter, por ventajas que ya posee en logística e infraestructura: puertos en ambos océanos, cables submarinos, centros de datos, servicios logísticos y el propio Canal.
La trastienda del anuncio importa tanto como el anuncio mismo. Carter fue clara en que todavía no se puede atribuir a Pax Silica una cifra específica de empleos, porque es una iniciativa nueva y aún no se sabe con precisión qué negocios concretos se desarrollarán. No hay promesas infladas ni números de campaña; hay, por ahora, un diagnóstico de ventajas comparativas y una convocatoria en curso.
Lo que se busca construir, explicaron los representantes de la Embajada, es un sistema nuevo para que cargamentos tecnológicos de alto valor —semiconductores, insumos de inteligencia artificial y materias primas como el cobre— puedan pasar por Panamá de forma más segura, rápida y verificable, conectado con los sistemas ya existentes de aduanas, puertos y transporte. La comparación que usaron fue elocuente: algo parecido a un carril de acceso rápido en un aeropuerto, pero aplicado al movimiento de mercancías, con el foco puesto en la carga y no en quién la transporta.
Ese sistema, insistió Carter, todavía no existe. Deberá ser desarrollado como parte del propio proyecto. Estados Unidos abrió una convocatoria para recibir propuestas de empresas interesadas en construirlo; el periodo de aplicación cerró en agosto y las propuestas están ahora en evaluación por un comité. Los detalles cuentan la historia: no hay un contrato firmado ni un ganador anunciado, sino un proceso todavía en marcha cuyo desenlace se conocerá en los próximos meses.
Un dato central, y que conviene subrayar en la letra pequeña, es de dónde saldrá el dinero y a dónde irá. La Embajada precisó que el financiamiento puede alcanzar hasta $50 millones, pero ese monto será entregado directamente a la empresa o al consorcio encargado de desarrollar el proyecto, no al Gobierno de Panamá. El Estado panameño no administra ni recibe los fondos: participa, según Carter, en el desarrollo del proyecto y en la definición de sus necesidades, y el paquete incluye capacitación para las autoridades panameñas en procedimientos aduaneros.
Entre los temas que se tocaron a puerta cerrada durante el conversatorio estuvieron los procedimientos aduaneros, la trazabilidad de la carga y los ingresos asociados al movimiento de mercancías, elementos que definirán cuánto y cómo se beneficia Panamá de convertirse en punto de paso certificado para tecnología sensible.
Detrás de la iniciativa asoma, sin sorpresas, la competencia con Beijing. Consultada sobre China, Carter reconoció que la competencia tecnológica entre ambos países «es una realidad» y sostuvo que China mantiene una influencia importante en las cadenas de suministro. Explicó que los países que participan en Pax Silica aportan capacidades distintas —algunos tienen materias primas, otros fabrican semiconductores— y que la ventaja identificada en Panamá está en la logística, la conectividad y los servicios, no en la manufactura.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en la que Washington decidió que el istmo, y no otro punto del hemisferio, sería la cabecera de puente de este proyecto. La jugada no es menor: coloca a Panamá dentro de la arquitectura estadounidense de seguridad tecnológica en un momento en que la disputa por semiconductores e inteligencia artificial define alianzas geopolíticas.
El diseño del financiamiento —dirigido a una empresa o consorcio privado, y no al aparato estatal panameño— es, en sí mismo, una declaración de principios: el proyecto no busca inflar la nómina pública ni crear nuevas dependencias burocráticas, sino apalancar infraestructura y talento ya existentes en el país para generar actividad económica privada alrededor de la tecnología. Si el desenlace confirma esa lógica, Panamá sumará una capa de valor a su vocación histórica de hub logístico sin comprometer un peso del contribuyente ni ceder control sobre sus propios procedimientos aduaneros, que seguirán en manos panameñas con apoyo técnico, no bajo tutela extranjera.
