A la altura de la estación Tepalcates del Metro, la Calzada Ignacio Zaragoza se convirtió la mañana del bloqueo en un muro de consignas: «¡Justicia, para Valeria, Sharoon, Enedelia, Itzel, Ángeles!». La escena lo dice todo: madres con fotografías al pecho, colectivas feministas y familiares de personas desaparecidas ocupando una de las vialidades más transitadas de la Ciudad de México para hacerse oír donde, según denuncian, las oficinas de gobierno no escuchan.
El tránsito se detuvo en ambos sentidos. Motociclistas que intentaron atravesar el cordón humano provocaron forcejeos y confrontaciones con quienes sostenían el bloqueo. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, representantes de la Secretaría de Gobierno capitalina y personal de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, que se limitaron a vigilar la protesta sin intervenir en su desalojo.
Las protestantes acusan corrupción y nulo acceso a la justicia en el Estado de México, según reportó El Universal. No se trata solo de feminicidios consumados: a la protesta se sumaron familiares de personas desaparecidas y quienes exigen que no se libere a sentenciados por feminicidio, un temor que atraviesa buena parte del reclamo.
Un representante de la fiscalía mexiquense acudió al bloqueo y se comprometió a instalar mesas de trabajo con las familias. La respuesta no calmó los ánimos. «Nosotras también tenemos el número de la fiscal de género, sólo nos prometen reuniones, ya sabemos qué va a pasar. Mañana, pasado. Queremos acciones, órdenes de aprehensión», dijo la activista Carmen Sánchez, quien advirtió que, de no haber respuesta, las familias volverán a tomar la calzada.
Entre los casos que impulsan la protesta figura el de Enedelia García, cuya familia —encabezada por Paola Mejía— denuncia que el hombre señalado como su expareja fue liberado por falta de pruebas tras, según la acusación familiar, secuestrarla y asesinar a su madre. El caso, difundido junto a esta cobertura, ilustra el reclamo central del bloqueo: la sospecha de que el sistema de justicia mexiquense libera a señalados antes de que las familias obtengan respuestas.
El reclamo por la Calzada Zaragoza no ocurre en el vacío. En la Ciudad de México se reportaron 183 sentencias por feminicidio entre 2023 y 2025, una cifra que las propias colectivas usan como referencia para exigir resultados similares —o superiores— en el Estado de México, donde acusan que las mesas de diálogo sustituyen a las órdenes de aprehensión.
Para entender el presente hay que volver a esa mañana en Tepalcates: una calzada cortada, motociclistas exasperados, policías que solo observan y una fiscalía que ofrece diálogo donde las familias piden detenciones. Los protagonistas de esta historia no son funcionarios ni activistas profesionales, sino madres que han convertido el asfalto en la única sala de audiencias que sienten disponible.
El bloqueo se disolvió sin que se anunciara ninguna orden de aprehensión nueva. La trastienda del compromiso con las mesas de trabajo —cuántas veces se ha repetido esa promesa, cuántas veces ha quedado en acta y no en sentencia— es precisamente lo que erosiona la confianza de las familias en la institución que debería protegerlas.
Lo que quedó claro en Zaragoza es que el problema no es de comunicación sino de resultados: cuando el Estado ofrece reuniones en lugar de justicia, la ciudadanía interpreta —con razón— que la impunidad tiene respaldo institucional. Un sistema de justicia que no distingue entre diálogo y sentencia termina financiando, con la paciencia de las víctimas, la sensación de que la ley se aplica de manera selectiva.
El verdadero costo de estas mesas de trabajo sin desenlace no lo pagan los funcionarios que las convocan, sino las familias que vuelven cada semana a la misma calle a exigir lo que ya deberían tener: una investigación que avance y un Estado que garantice, con hechos y no con promesas, el derecho más básico de sus ciudadanos a vivir sin miedo.
