En Lo Valledor, el mayor centro de abasto de frutas y verduras del país, un día de lluvia intensa puede significar que el volumen de productos que entra al mercado caiga drásticamente respecto de la jornada anterior. Ese vaivén, más que la sequía prolongada que Chile arrastra desde hace años, es lo que hoy preocupa a quienes estudian la relación entre clima y alimentación.
Diego Rivera, investigador del proyecto interdisciplinario Anillo Nexos de la Universidad del Desarrollo, lleva más de 60 años de registros de precipitaciones en Chile central analizados con una pregunta simple: si ya sabemos cuánto llueve, ¿importa también cuándo y cómo llueve? Su respuesta es sí, y con consecuencias directas sobre precios y abastecimiento.
Según explica Rivera, el clima en Chile central se ha vuelto, contra lo que se podría pensar, «más estable, más seco durante los últimos años», pero con las lluvias concentradas en ventanas cada vez más cortas. A ese fenómeno lo llama volatilidad, y advierte que lo determinante no es el volumen acumulado sino la intensidad: «Eso es lo que nos inunda, eso es lo que bota las flores, eso es lo que destruye la infraestructura».
El efecto, dice, rara vez se queda en el campo. Puentes, caminos y canales dañados cortan el trayecto entre el productor y el consumidor, y esa fricción logística se traslada de inmediato a la oferta disponible —y por tanto al precio— en mercados como Lo Valledor. Antes incluso de llegar a la cosecha, lluvias intensas en momentos críticos de floración pueden reducir la producción futura: «las lluvias mata pajaritos, pero también matan agricultura», resume el investigador, citando la expresión usada en el sur del país.
Rivera es cuidadoso, sin embargo, en separar causas. No todo el encarecimiento de producir alimentos es climático. Cita el caso de los fertilizantes, cuyo precio puesto en La Araucanía se había duplicado desde febrero hasta la fecha de su análisis, un alza que atribuye a «factores geopolíticos y no climáticos». La distinción importa: buena parte de la presión sobre los costos agrícolas que hoy se atribuye al cambio climático responde en realidad a mercados de insumos golpeados por otras variables, ajenas a la meteorología.
El investigador plantea además un giro conceptual: más allá de la seguridad alimentaria tradicional —que un país tenga suficiente comida— propone hablar de «seguridad nutricional», entendida como la capacidad de garantizar a cada ciudadano condiciones mínimas de nutrición. La diferencia no es menor, señala, porque una dieta puede cubrir calorías y ser igualmente deficiente en nutrientes. Y advierte de un costo que rara vez se contabiliza: comer sano y de temporada «requiere tiempo» y «mayores costos», una carga que golpea de forma desproporcionada a los hogares de menores ingresos, para quienes preparar alimentos frescos compite con el tiempo disponible y el presupuesto.
Frente a ese escenario, Rivera no propone más aparato estatal sino fortalecer lo que ya funciona en pequeña escala: las cadenas cortas de suministro, es decir, el vínculo directo entre productores locales y consumidores, como ferias. A su juicio, esa es «una gran medida en términos de resiliencia» precisamente porque son los pequeños y medianos agricultores —con menos capacidad financiera y tecnológica para absorber pérdidas— quienes terminan trasladando el riesgo climático al precio final. Pone el ejemplo de un productor con «un tomate limachino con semillas que vienen de la abuelita»: si no logra sostenerse en el mercado, pierde toda su producción y debe cubrir ese riesgo cobrando más.
La lectura que se desprende de la investigación es menos alarmista de lo que suele presentarse el debate climático: Chile central no está recibiendo más agua ni menos, según describe Rivera, sino que la distribución de esa agua se ha vuelto más errática. Es un matiz que importa, porque desplaza el foco desde el catastrofismo hacia un problema de gestión de riesgo perfectamente abordable con herramientas de mercado: información de precios, diversificación de proveedores y circuitos cortos que acerquen al productor con el consumidor sin intermediarios que multipliquen el costo.
Ahí está, de hecho, la lección de fondo para la política pública: antes que subsidios o controles de precio que distorsionan las señales del mercado, lo que necesitan los pequeños agricultores es la posibilidad de operar, vender y capitalizarse sin trabas, para que sean ellos —y no el Estado— quienes absorban y repartan el riesgo climático de forma eficiente. El caso de los fertilizantes, encarecidos por geopolítica y no por el clima, es un recordatorio incómodo de que no toda alza de precios en la mesa chilena tiene una explicación ambiental, aunque sea la más cómoda de repetir.
