A puerta cerrada, entre delegados de la oposición y representantes del gobierno de Delcy Rodríguez, se discutió durante las primeras jornadas algo más que la coyuntura inmediata: el futuro del sistema judicial venezolano. La escena lo dice todo sobre las prioridades de una mesa que, según sus protagonistas, busca resultados concretos ciclo tras ciclo.
Ramón López, diputado del partido Primero Justicia por el Distrito Capital y miembro de la delegación opositora, resumió así el balance de esa primera etapa en entrevista con El Nacional: «El balance es absolutamente positivo. Primero, creo que hay una voluntad política de llegar a acuerdos. Las condiciones de Venezuela son absolutamente diferentes después del 3 de enero. Si nosotros nos ubicamos en el hecho del 3 de enero, no se pudiese entender esto, porque tenemos certeza de que esta iniciativa va a tener éxito».
Según López, las delegaciones trabajan sobre una agenda previamente acordada y cuentan con el acompañamiento del Gobierno de Estados Unidos. El terremoto registrado en el país también fue incorporado a las conversaciones, debido a la emergencia generada y a la necesidad de atender sus consecuencias.
Pero el centro de gravedad de esta ronda, insiste el diputado, fue otro: el acuerdo entre ambas partes para revisar y remodelar el Poder Judicial. «Lo más significativo de esta primera jornada es lo que se acordó por decisión de las dos partes: la revisión y remodelación del sistema del Poder Judicial, de renovar los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Eso tiene que ser una buena noticia para el país», señaló.
Para entender el presente hay que volver a esa mesa donde López trazó la línea que, dice, separa esta negociación de intentos anteriores: no se trata de sustituir magistrados para facilitar decisiones puntuales, sino de reconstruir la columna vertebral del Estado de Derecho. «No es una política de parches. No es arreglar una sala para garantizar que haya elecciones o la constitucional para que las interpretaciones no se dieran partidizadas, sino que el Tribunal Supremo es una integridad y teníamos que ver cómo hacíamos con restituir el Estado de Derecho en Venezuela», explicó.
El diseño institucional que describe López incluye la revisión de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la apertura de un nuevo Comité de Postulaciones Judiciales. El anterior, afirma, queda sin efecto. El nuevo esquema amplía el comité en dos miembros para dar mayor peso a la sociedad civil organizada, que según el diputado tendrá mayoría en su conformación. «Estamos realizando el baremo para que sea lo suficientemente exigente y dé credibilidad a los mejores profesionales en el área del Derecho del país para que se puedan postular», dijo.
Los detalles cuentan la historia de un problema que López conoce de cerca: profesionales con credenciales sólidas evitaban postularse porque consideraban que las decisiones políticas primaban sobre el mérito. Por eso, sostiene, la credibilidad del nuevo mecanismo será determinante para atraer a los mejores candidatos.
El plan añade una comisión de verificación de credenciales integrada por siete personas, que deberán cumplir requisitos similares a los exigidos a los propios aspirantes a magistrados. «Generamos un mecanismo de seguridad y acordamos también poner una comisión de verificación de las credenciales de los postulados y postuladas a magistrados», afirmó López.
Para el diputado, sin un sistema judicial confiable no hay reconstrucción institucional posible. «No hay República si no hay sistema judicial sano. Tú puedes institucionalizar todo lo demás, pero si no empiezas por el fondo del Estado venezolano, que es el sistema judicial, que es el que garantiza los derechos ciudadanos, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos mercantiles, el derecho diario de todos los ciudadanos, no hay manera de que el país sea reinstitucionalizado», sostuvo.
El desenlace de esta ronda de conversaciones sigue en curso, y López lo vincula también a la liberación de presos políticos, el regreso de dirigentes opositores y la restitución de la legalidad de los partidos.
Si la promesa se cumple, el dato que más pesará no será el número de magistrados sustituidos, sino si el nuevo tribunal responde a la ley o al poder de turno. Ningún capital, nacional o extranjero, vuelve a un país donde los contratos y la propiedad dependen del humor de quien gobierna: eso es lo que está en juego detrás del lenguaje técnico de comités y baremos.
Mientras tanto, la palabra de un diputado opositor sentado en la mesa con el chavismo queda registrada como testimonio de un proceso que, por ahora, se mide en acuerdos sobre el papel. El país sabrá si esos acuerdos se traducen en jueces que fallan según la ley y no según la orden.
