El 30 de agosto, mientras colectivos de personas buscadoras, familiares y solidarios se congregaban en la Glorieta de las y los Desaparecidos, la Iglesia católica en México eligió esa misma jornada —el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas— para lanzar un mensaje sin matices: la desaparición de personas es «una herida» que debe convertirse en «causa nacional». La escena lo dice todo: banderines con rostros, nombres repetidos en voz alta, y una institución centenaria sumándose al reclamo desde su editorial semanal.
A través de Desde la Fe, el espacio editorial del episcopado, la Iglesia pidió «hacer memoria de quienes faltan» y exigir «a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades». La frase no es ambigua: el texto habla de una sociedad que debe «abandonar la indiferencia», pero pone el peso principal donde, según el propio documento, corresponde: en el Estado.
«La dimensión de esta tragedia no se comprende sólo a través de los números, pues detrás de cada cifra hay un nombre y una familia que espera», señaló la editorial, y advirtió contra «la peligrosa tentación de acostumbrarnos». Los detalles cuentan la historia: no hay aquí una cifra oficial citada por la Iglesia, sino una insistencia en que cada expediente representa una vida y un núcleo familiar suspendido en la espera.
El documento fue explícito al delimitar responsabilidades. La invitación de los obispos a «salir al encuentro» de quienes buscan, aclaró el texto, «no significa sustituir las obligaciones de las autoridades», porque el Estado tiene «la responsabilidad irrenunciable de prevenir las desapariciones, buscar de manera inmediata y efectiva, investigar, procurar justicia y generar las condiciones para que estos hechos no se repitan». Es, en los hechos, un catálogo de las funciones básicas de cualquier Estado de derecho, enunciado no por la oposición política sino por la jerarquía eclesial.
La editorial fue igual de directa sobre los límites de cualquier proceso de pacificación que no pase por la verdad. «No puede haber reconciliación construida sobre la impunidad ni diálogo que pretenda esconder la verdad», sostuvo, y añadió: «Como Iglesia también tenemos una responsabilidad, pues nuestra fe nos impide pasar de largo ante quien sufre». El mensaje incluyó un compromiso propio: acompañar a las familias, abrir espacios de escucha y contribuir a «la reconstrucción del tejido social», tareas que el documento describió como parte de la misión eclesial y no como sustituto de la acción estatal.
El reconocimiento más contundente del texto fue para las madres buscadoras y las organizaciones ciudadanas que, «impulsadas por su dolor, valentía y tenacidad», según la editorial, «verdaderamente consiguen avances en la búsqueda de sus seres queridos y realizan hallazgos decisivos que mantienen vivo el clamor por la justicia». Es una frase que, leída con cuidado, funciona también como un señalamiento: son las familias, y no las instituciones, quienes producen los hallazgos que sostienen el caso público.
La Iglesia cerró su mensaje con una pregunta dirigida hacia adentro y hacia afuera: «Mientras miles de familias siguen buscando a quienes aman, ¿dónde estamos nosotros? Que la búsqueda de quienes faltan nos encuentre, y nos encuentre cerca».
Para entender el presente hay que volver a esa semana y a su contraste. En la antesala de su segundo informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacaba la atención a baches y presumía 709 kilómetros de nuevas carreteras, según reportó el propio diario. La agenda oficial, en ese momento, hablaba de asfalto; la agenda de las madres buscadoras, de fosas.
Esa yuxtaposición —pavimento nuevo frente a familias que caminan con varillas y palas buscando restos— ilustra algo más que una diferencia de prioridades comunicacionales. Cuando una institución tan cautelosa como el episcopado mexicano recuerda públicamente que la búsqueda, la investigación y la justicia son «responsabilidad irrenunciable» del Estado, lo que está señalando, en los hechos, es una función pública que no se está cumpliendo con la firmeza que exige la ley.
El Estado de derecho no se mide por kilómetros de carretera ni por baches tapados, sino por la capacidad de una autoridad de encontrar a sus propios ciudadanos y de procesar a quienes los hicieron desaparecer. Que sean las madres, armadas con picos y no con presupuesto público, quienes localicen fosas clandestinas, no es un triunfo de la sociedad civil: es la constancia de una obligación estatal delegada de facto en quienes menos deberían cargarla.
