La escena lo dice todo: soldados del Ejército haitiano patrullando una calle de Puerto Príncipe mientras, a pocos kilómetros, el país todavía cuenta a sus muertos. El lunes, bandas armadas mataron a al menos 47 personas en Kenscoff, una comuna en las afueras de la capital. La matanza se produce en medio de una espiral de violencia que, según datos de la ONU, ha dejado más de 3,000 muertes en los primeros seis meses del año.
Haití no celebra elecciones desde las presidenciales de 2016. El calendario oficial prevé ahora la primera vuelta de presidenciales y legislativas, junto con la ratificación popular de cambios constitucionales, para el 13 de diciembre de 2026. La segunda vuelta de legislativas y presidenciales, y las municipales, quedarían fijadas para el 21 de febrero de 2027.
El Consejo Electoral Provisional (CEP) aseguró este jueves que sus encuentros con representantes de organizaciones políticas permitieron «disipar las preocupaciones acerca de la puesta en marcha de la máquina electoral». En agosto, el organismo completó el registro de agrupaciones políticas, publicó la lista definitiva de partidos acreditados, sorteó los números de campaña y abrió una treintena de centros de inscripción y votación en el Oeste del país. También inició la acreditación de periodistas y la plataforma de inscripción de candidatos y electores.
A la par, en redes como Facebook, Instagram y TikTok —y en las propias calles— la campaña ya avanza de manera extraoficial, con posibles candidatos que hacen giras por distintas ciudades. Pero el propio CEP admitió a finales de julio que cumplir el calendario «depende del establecimiento de un clima de seguridad aceptable y de la disponibilidad financiera necesaria para continuar las operaciones electorales».
Los detalles cuentan la historia mejor que cualquier comunicado oficial. «No. Tal como está el país, es imposible que haya elecciones», dijo a EFE Ludmillard, estudiante universitaria residente en Pélerin, Puerto Príncipe. «Los jóvenes no tienen futuro debido a la inseguridad. No estamos seguros. Nuestra vida está amenazada. Debe haber seguridad en el país para que el pueblo pueda votar».
Jean Adrien Christopher, taxista de moto en Pétion-Ville, coincide: «No puede haber elecciones en el estado actual de las cosas. Dicen que las elecciones están cerca. ¿Con qué harán su campaña los candidatos? No podemos ir a votar en estas condiciones». Christopher va más allá y sostiene, según su propio testimonio, que «es el gobierno el que permite que los bandidos siembren el terror, mientras que el Estado dispone de todos los medios para frenar lo que ocurrió en Kenscoff».
El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé ordenó el miércoles una «respuesta firme» contra las bandas responsables del ataque. Ese mismo día se reunió de emergencia con el Estado Mayor de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), el operativo de 5,500 efectivos aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2025. Según el propio gobierno, en ese encuentro se buscó «actualizar la evaluación de la amenaza» y «reforzar» la coordinación entre las fuerzas armadas, con un objetivo declarado: «acabar con el dominio de los grupos armados, restablecer el orden público y proteger las vidas de las personas».
El trasfondo es un país donde las bandas armadas controlan la mayor parte de la capital. Según datos de la ONU actualizados esta misma semana, la violencia en Haití causó en los primeros seis meses del año al menos 3,050 muertos y 1,401 heridos.
Para entender el presente hay que volver a esa contradicción de fondo: un Estado que organiza sorteos de números de campaña y acredita periodistas mientras no logra, por su propia admisión, garantizar «un clima de seguridad aceptable» en el territorio donde se pretende votar. No hay mercado, ni inversión, ni vida cívica posible sin el monopolio estatal de la fuerza funcionando como debe: protegiendo a las personas y su propiedad, no negociando con quien las amenaza.
La trastienda de este proceso electoral revela, más que un calendario, una apuesta: que la burocracia electoral pueda avanzar más rápido que las bandas armadas. El desenlace de esa carrera —entre el papeleo del CEP y el control territorial de los grupos criminales— determinará si diciembre de 2026 es una fecha real o, como las presidenciales postergadas desde 2016, otra promesa que la violencia termina por borrar del calendario.
