El humo todavía cubre parte del Tolima cuando el presidente Abelardo de la Espriella sube al atril para su alocución. La escena lo dice todo: un país que apenas comienza a levantarse de un terremoto recibe, casi sin respiro, una segunda emergencia. «Mientras Colombia comienza a levantarse del terremoto, una nueva emergencia golpea nuestra tierra. El Tolima está ardiendo», afirma el mandatario.
Las cifras que expone son duras. Los incendios forestales han afectado más de 50.000 hectáreas, de las cuales unas 28.000 son terrenos agropecuarios. La emergencia golpea a 23 municipios y 507 veredas, con 2.660 productores afectados y 163.000 animales en riesgo, según el balance oficial entregado por el Gobierno.
Para entender el presente hay que volver a esa alocución. De la Espriella no se limita a describir la tragedia: anuncia un plan especial llamado «Recuperación Ambiental, Productiva, Rural y de Seguridad», diseñado para atender las necesidades inmediatas de las familias y reactivar la actividad productiva del departamento.
La primera medida tiene nombre y cifra exacta: 343 subsidios de $65 millones cada uno para reconstruir las viviendas rurales destruidas por el fuego. «Vamos a reconstruir las viviendas rurales que se han visto afectadas por los incendios», dice el jefe de Estado.
El paquete no se detiene en los techos. Para los animales que sobrevivieron a las llamas, el Gobierno dispondrá de 5.000 toneladas de heno y tamo de arroz. A eso se suman $7.000 millones para proyectos productivos y otros $2.000 millones para comprar 80.000 pacas de 12 kilogramos de mombasa y angleton, forraje destinado a sostener la ganadería golpeada por la emergencia.
Los detalles cuentan la historia del alivio financiero. La cartera agropecuaria de Finagro tendrá un congelamiento de tres meses en la amortización de las obligaciones de los productores afectados. «Avanzaremos con un programa de compra de cartera para pequeños y medianos productores», explica De la Espriella, en un gesto dirigido a evitar que la crisis del fuego se convierta en una crisis de deudas impagables para quienes viven del campo.
El Gobierno también refuerza la vigilancia de enfermedades respiratorias, con atención especial a niños, adultos mayores y población vulnerable expuesta al humo y la contaminación derivada de las conflagraciones.
El giro más grave de la jornada llega cuando el presidente se refiere al origen del desastre. De la Espriella asegura que existen «indicios, información y estudios» que apuntan a que una parte importante de los incendios fue provocada deliberadamente. «Esta noche tenemos indicios [...] que dan cuenta de que gran parte de esos incendios han sido provocados deliberadamente por manos criminales», declara, sin precisar autores ni investigaciones judiciales concretas.
El mandatario cierra su anuncio con una promesa de permanencia: «No vamos a abandonar al Tolima cuando se apague la última llama. Vamos a permanecer hasta recuperar su campo y su capacidad productiva».
Según la última actualización de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se han atendido 17 focos de incendios forestales; de estos, 12 ya están controlados y cinco permanecen pendientes de atención.
La trastienda de este anuncio revela un dilema que trasciende al Tolima. Un plan de subsidios y alivio de cartera puede sostener a corto plazo a los productores golpeados, pero el verdadero desafío para la propiedad rural colombiana no es solo reconstruir lo quemado: es garantizar que quien incendia deliberadamente un campo ajeno enfrente consecuencias reales.
Si los indicios que menciona De la Espriella se confirman en una investigación judicial seria, el caso del Tolima quedará como una prueba de fuego para el estado de derecho en el campo colombiano: no basta con reconstruir viviendas y comprar pacas de forraje si el aparato de justicia no persigue a quienes atacan con fuego la propiedad de miles de familias que viven de la tierra.
