La madrugada del lunes, mientras los equipos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) actualizaban el mapa de incendios, el panorama seguía siendo el mismo que llevaba semanas repitiéndose en el centro del país: llamas activas, hectáreas perdidas y capacidades desplegadas al límite. Los detalles cuentan la historia mejor que cualquier declaración oficial.
Según el más reciente balance de la UNGRD, con corte a la mañana de ese lunes, seis incendios forestales permanecían activos en tres departamentos. Cuatro de ellos en Tolima: en el municipio de Suárez (veredas Sinaí parte alta, Cañaveral Cubacol y Agua Blanca), en Cunday (veredas Páramo y California), en Carmen de Apicalá (Cerro Las Mercedes) y en Alvarado (veredas Mercadillo y Los Guayabos). A esos se suman uno en El Cerrito, Valle del Cauca —corregimiento de Tenerife y veredas Los Andes y El Placer— y otro en El Zulia, Norte de Santander, en la vereda Astilleros. Un séptimo foco, en Policarpa, Nariño, fue controlado.
La cifra que resume la magnitud del daño es la del propio Tolima: unas 30.000 hectáreas afectadas por las conflagraciones de las últimas semanas, tierra productiva y cobertura vegetal reducidas a cenizas antes de que el Estado lograra contener el avance del fuego.
Para enfrentar la emergencia, el país ha desplegado un aparato considerable. En Tolima operan cuerpos de bomberos, la Defensa Civil y unidades del Ejército Nacional, con apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de la propia UNGRD. Todo el esfuerzo nacional está concentrado bajo el Puesto de Mando Unificado instalado en el departamento, que sigue operando con el acompañamiento de un analista de incendios forestales de la Ungrd y con la participación de los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo. Cuatro carrotanques aportados por la entidad refuerzan las labores en terreno. La escena lo dice todo: bomberos, soldados y aeronaves trabajando al mismo tiempo contra un enemigo que se multiplica en varios frentes a la vez.
Pero la trastienda de esta emergencia no es solo climática. El viernes pasado, la Fiscalía judicializó a dos hombres —Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado— señalados, según el ente acusador, de provocar una conflagración en zona rural del municipio de Dolores. Los dos fueron presentados ante un juez de control de garantías.
De acuerdo con la Fiscalía, el 25 de agosto unidades de la Policía Nacional llegaron a un predio en la vereda La Guacamaya y encontraron a los dos hombres avivando el fuego. Una verificación técnica posterior estableció afectaciones en cerca de seis hectáreas de suelo y cobertura vegetal, además de impactos sobre especies silvestres de la zona. La intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dolores permitió controlar el incendio y evitar que se propagara a otras áreas.
El dato que más pesa en este expediente, sin embargo, es otro: según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, este no sería un caso aislado. El 24 de julio —un mes antes— las autoridades ya habían requerido a los mismos dos hombres por una conducta similar, ocasión en la que se les advirtió sobre la prohibición de continuar con ese tipo de prácticas. Pese a la advertencia, el comportamiento se repitió, y un fiscal de la Seccional Tolima les imputó finalmente los delitos de incendio y deforestación.
Para entender el presente hay que volver a esa advertencia de julio que no impidió el desenlace de agosto. Entre una y otra fecha, el sistema tuvo la oportunidad de frenar a los señalados y no lo hizo con la fuerza suficiente; el resultado fue más tierra calcinada y más recursos del Estado —bomberos, policías, aeronaves— movilizados para apagar un fuego que, según la propia Fiscalía, pudo haberse evitado.
La emergencia forestal colombiana tiene, así, dos capítulos distintos que suelen mezclarse en el relato oficial. Uno es el del clima y la sequía, que exige, con razón, el despliegue de bomberos, ejército y aviones. El otro es el de la mano criminal que, según las autoridades, actúa con conocimiento de causa y sin que la primera advertencia haya bastado para detenerla. Confundir ambos capítulos —tratar todo como fatalidad natural— tiene un costo: cada hectárea de bosque o de pastizal que arde es propiedad rural destruida, patrimonio de comunidades campesinas y activo productivo del país que no vuelve a recuperarse con un comunicado de prensa.
El caso de Dolores debería ser, en ese sentido, una señal de alarma sobre la capacidad real de disuasión del sistema judicial frente a la reincidencia, más allá de la eficacia —real y documentada— de bomberos y militares en el terreno. Apagar incendios es indispensable; impedir que se repitan, cuando hay indicios de que alguien los provoca a sabiendas, es una tarea distinta que todavía está pendiente.
