La cifra circuló primero en un comunicado y después en cada redacción de la Ciudad de México: 56% de los ministros de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir cinco de nueve, tiene al menos un familiar con cargo en el gobierno o que ha recibido contratos públicos. La escena lo dice todo sobre el resultado de una reforma que se vendió, entre otros argumentos, como el fin del nepotismo en el Poder Judicial.
La denuncia proviene de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, conocida como Jufed, que a un año de la implementación de la reforma judicial acusó que la promesa de cambiar el escenario de designaciones por vínculo familiar no se cumplió. El gremio se apoyó en un análisis de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) para sostener su acusación.
Según ese análisis, citado por la Jufed, la proporción de vínculos familiares no se limita a la Suprema Corte. En el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), tres de sus cinco integrantes, es decir el 60%, tienen parientes en el servicio público. En la nueva Sala Superior del Tribunal Electoral, la cifra sube al 71%, según el mismo estudio.
El caso individual con más ramificaciones familiares, de acuerdo con MCCI, es el de la ministra Lenia Batres Guadarrama, con cinco parientes en cargos públicos: hijo, hermano, hermana, cuñada y tío. Los detalles cuentan la historia de una estructura que, según la Jufed, replica exactamente el fenómeno que decía combatir.
La asociación fue cuidadosa en matizar su acusación. Sostuvo que los lazos familiares, por sí mismos, no son ni deben ser motivo de imposibilidad para acceder a un cargo público, siempre que la persona cumpla los requisitos legales y llegue por vías permitidas. El problema, insistió, no es el parentesco en sí, sino la contradicción discursiva.
«Lo que corresponde señalar es la inconsistencia de haber utilizado el combate al nepotismo como uno de los argumentos centrales para justificar el desmantelamiento de la carrera judicial», expresó la Jufed en su comunicado, «cuando la evidencia disponible muestra que los vínculos familiares en el ejercicio del poder público no desaparecieron con la reforma, sino que persisten también en la estructura que se presentó como su solución».
Para entender el presente hay que volver a esa tensión original: una reforma que canceló las viejas rutas de acceso a la judicatura —los concursos, la antigüedad, los exámenes de la carrera judicial tradicional— prometiendo, entre otras cosas, cortar de raíz el amiguismo y el nepotismo que se le atribuían al viejo sistema. Un año después, los propios jueces y magistrados de circuito, agrupados en Jufed, presentan cifras que apuntan en la dirección contraria.
La asociación remató su comunicado con un principio que reclama para el servicio público en su conjunto: que a los cargos lleguen perfiles profesionales, capaces, con mérito y experiencia acreditada, al margen de si tienen o no vínculos familiares dentro del propio Poder Judicial o del gobierno. Pero advirtió también sobre el riesgo simétrico. «Tampoco puede permitirse que lleguen perfiles sin experiencia ni capacidad demostrada únicamente por su cercanía familiar o política con quienes ya ocupan un cargo», señaló la organización. «Ese es, precisamente, el riesgo que el discurso oficial dijo combatir».
El desenlace, por ahora, es una fotografía incómoda para quienes defendieron la reforma como una limpieza institucional: la Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral muestran, según los números divulgados por Jufed con base en MCCI, una densidad de vínculos familiares igual o mayor a la que se prometió erradicar.
El episodio importa más allá del dato puntual. Cuando una reforma que reescribió por completo las reglas de acceso a la judicatura —eliminando concursos y sustituyéndolos por otros mecanismos— se justifica invocando el mérito y la limpieza de vínculos, la carga de la prueba recae sobre quienes la impulsaron. Si la evidencia recopilada por una organización independiente y validada por el propio gremio judicial apunta en sentido contrario, lo que queda en entredicho no es solo una promesa de campaña, sino el estándar de legalidad y transparencia con el que se mide a un Poder Judicial que debería ser, ante todo, garantía de reglas parejas para todos.
En el fondo, la discusión que plantea Jufed no es sobre apellidos, sino sobre incentivos: si el criterio de designación termina premiando la cercanía con el poder por encima de la trayectoria profesional, el costo lo paga cualquier ciudadano o empresa que necesite un tribunal imparcial para resolver una disputa. Ese, y no otro, es el estado de derecho que está en juego.
