El video dura menos de un minuto. Una influencer sostiene un frasco sin etiqueta reconocible y promete «resultados en dos semanas». Ese tipo de contenido, multiplicado miles de veces en TikTok, es el rostro visible de un fenómeno que en Colombia mezcla ciencia médica seria con un mercado informal que opera a la sombra del regulador.
La escena lo dice todo: de un lado, laboratorios con registro sanitario y estudios clínicos; del otro, sustancias de origen incierto vendidas como «péptidos» a través de redes sociales. La confusión entre ambos mundos es, según la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE), el problema central detrás del boom.
José Luis Torres Grajales, médico internista, endocrinólogo y presidente de la ACE, trazó el mapa en entrevista con El Colombiano. Ozempic, cuyo principio activo es la semaglutida, tiene aprobación del Invima para el manejo de pacientes con diabetes. Wegovy, otra presentación de la misma molécula, obtuvo este primer semestre la aprobación para obesidad y sobrepeso. «Para la población diabética tenemos semaglutida, que es el Ozempic. Este primer semestre ya salió semaglutida con la aprobación para obesidad y sobrepeso en una presentación comercial que se llama Wegovy», explicó.
Mounjaro, cuyo principio activo es la tirzepatida, cuenta en Colombia con registro Invima únicamente para diabetes. Se trata, según Torres Grajales, de un coagonista: dos péptidos en una sola presentación que actúan sobre dos receptores diferentes. El especialista dijo esperar que la aprobación para obesidad llegue más adelante, una señal de que el aparato regulador colombiano avanza, pero con un rezago que el mercado informal ya está aprovechando.
Para entender el presente hay que volver al origen de estas moléculas: no nacieron para adelgazar, sino de investigaciones sobre diabetes. Los estudios posteriores revelaron efectos sobre la composición corporal y la reducción de grasa, y ese hallazgo disparó una demanda que ninguna casa farmacéutica había proyectado. «Las casas farmacéuticas se quedaron muy cortas en lo que era la parte de producción por la gran demanda que se estaba teniendo con respecto a este tipo de sustancias», señaló Torres Grajales.
Es en ese vacío —demanda disparada, oferta legal insuficiente— donde germinó el mercado paralelo. «Ahí es el problema que tenemos hoy. Las redes sociales, a través de toda esta parte de obesidad solamente como algo cosmético, se llaman péptidos, pero de ahí no sabemos de dónde los sacan, cuál es la robustez y efectos en la salud de los pacientes a mediano o a largo plazo», advirtió el endocrinólogo.
Los detalles cuentan la historia: no se trata solo de consumidores desinformados. Torres Grajales fue directo al señalar un incentivo económico perverso. «Los péptidos que están vendiendo, los péptidos ilegales, son muy costosos. Inclusive estamos viendo médicos que los están prescribiendo sin ningún tipo de argumento de seguridad para que esto ocurra, y eso de por sí puede tener un beneficio monetario al prescriptor», dijo, según ACE.
El especialista insistió en que la decisión de usar estos medicamentos no puede partir únicamente del deseo estético de bajar de peso. La obesidad, subrayó, debe entenderse como una enfermedad que compromete distintos sistemas del organismo, no como un asunto cosmético. Por eso la valoración médica debe evaluar cantidad y distribución de grasa corporal, enfermedades asociadas y composición corporal antes de formular cualquier tratamiento. «Hay pacientes que pueden beneficiarse de ellos, pero que no son para todos», resumió.
También advirtió sobre un riesgo técnico poco discutido en los videos virales: una pérdida rápida de peso no siempre significa pérdida de grasa. Puede implicar también reducción de masa muscular, un efecto que el seguimiento médico debe vigilar de cerca.
El desenlace de este boom todavía no está escrito. Lo que sí queda claro, según la ACE, es que la brecha entre lo que el Invima aprueba y lo que el mercado exige se ha convertido en terreno fértil para la informalidad.
La lección de fondo es de manual: cuando la oferta regulada no alcanza a una demanda real, el vacío no se llena con prohibiciones sino con contrabando y sustancias sin trazabilidad. La respuesta razonable no es satanizar la innovación farmacéutica —que sí funciona y sí tiene respaldo científico— sino acelerar los procesos de aprobación y dejar que la competencia legítima, con información clara para el consumidor, desplace al mercado en la sombra.
Mientras tanto, el verdadero costo de la lentitud regulatoria no lo paga el laboratorio: lo paga el paciente que, atraído por un video y un precio, termina inyectándose algo que nadie puede garantizar. Esa es la factura silenciosa de dejar que la burocracia sanitaria vaya siempre un paso detrás del mercado.
