A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una reducción de hasta 50% en el valor de las multas de tránsito. La frase que acompañó el mensaje resume el propósito de la medida: «No voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano».
La escena lo dice todo: un anuncio directo, sin rodeos técnicos, dirigido a millones de conductores colombianos que durante años han visto crecer el costo de moverse por el país. El mandatario sostuvo que las sanciones deben ser proporcionales a las infracciones cometidas y no convertirse en una carga económica para las familias.
El paquete que De la Espriella llevará al Legislativo va más allá de las multas. Contempla una reducción del 25% en el costo de los cursos que permiten obtener descuentos en las sanciones. También plantea eliminar el requisito de la llamada «casa cárcel» para habilitar los Centros Integrales de Atención, y fortalecer a las autoridades de tránsito para que puedan impartir esos cursos directamente, sin intermediarios.
En materia de licencias de conducción, el mandatario anunció que revisará los costos actuales, eliminará cobros que considera innecesarios y ampliará la vigencia del documento a ocho o diez años. Es, en los términos del propio gobierno, un intento de reducir trámites que hoy recaen sobre el bolsillo del ciudadano.
Las fotomultas también entran en el paquete, aunque con un giro distinto: De la Espriella planteó endurecer los controles para su autorización y establecer parámetros claros para la calibración de los equipos. El argumento oficial es que las sanciones deben priorizar la seguridad vial y no el recaudo del Estado.
El Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones (Simit) quedarán bajo una revisión integral. El objetivo declarado es identificar duplicidades y eliminar o reducir sustancialmente las tarifas asociadas a estos sistemas, que durante años han sido señalados como fuente de sobrecostos para los conductores.
La revisión técnico-mecánica no queda fuera del paquete. De la Espriella propuso revisar su costo y periodicidad, incluida la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo exigido para los vehículos nuevos, una medida que en su momento generó más obligaciones y más gasto para los propietarios.
Con este anuncio, el mandatario planteó una política orientada a reducir cargas económicas y trámites que considera innecesarios, y señaló que actuará frente a lo que llama monopolios, sobrecostos y trámites excesivos en el sistema de tránsito colombiano.
No es la primera vez que este tipo de propuesta llega al debate público. Desde diferentes sectores hay coincidencia en que es necesario hacer más gradual el valor de las infracciones. Pero no todos ven la reforma con el mismo entusiasmo. El profesor de la Universidad Javeriana Darío Hidalgo advirtió que, junto a estas medidas, es necesario «fortalecer la capacidad de control» porque, según explicó, «respetar los límites de velocidad significa salvar muchas vidas».
El anuncio llega en un contexto en el que el gobierno de De la Espriella ya había radicado ante el Congreso el Presupuesto 2027 por 634,9 billones de pesos, 59 billones más que el presentado por la administración de Gustavo Petro. Los detalles cuentan la historia: un ejecutivo que combina mayor gasto público con promesas de alivio directo al ciudadano en sus obligaciones cotidianas.
Para entender el presente hay que volver a esa premisa que De la Espriella repite en cada anuncio: el Estado no puede financiarse a costa de exprimir al conductor promedio. Es un principio que conecta con la defensa de la propiedad y el bolsillo del contribuyente frente a un aparato de trámites que, en la práctica, ha operado durante años como una fuente de recaudo más que como una herramienta de seguridad vial.
El desenlace de esta iniciativa dependerá del Congreso, y las advertencias de especialistas como Hidalgo dejan claro que el debate no se limita a los costos. La discusión de fondo será si es posible aliviar la carga económica sobre los ciudadanos sin sacrificar los controles que, según los expertos, están directamente ligados a salvar vidas en las carreteras colombianas.
