El viernes, en el tablero de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, apareció colgado el edicto No. 1,237. Pocas líneas, pero con un efecto inmediato: sellaba el destino de tres de los reos más peligrosos del sistema penitenciario panameño, confirmando que su lugar es la cárcel que el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) mantiene en la isla de Coiba.
El Pleno de la Corte, con las firmas de la magistrada Ariadne Maribel Angulo y el respaldo unánime de los ocho magistrados restantes, resolvió que el traslado de Carlos Mosquera, Renee Torrenegra y Gerónimo Richards Nesfield fue legal. La escena lo dice todo: nueve togas, un solo criterio, ninguna disidencia.
El fallo respondía a un recurso de habeas corpus presentado por el abogado Valentín Jaén, quien alegaba que el encierro en Coiba vulneraba los derechos humanos de los internos, al no tener acceso directo a sus abogados ni a visitas familiares. La Corte no lo vio así. Los magistrados concluyeron que el traslado no implica falta de inmediación en los procesos judiciales, ni ausencia de alimentación balanceada o atención médica, ni impide las visitas de los parientes.
«Mal podría decirse que llevarlos a Coiba constituye una vulneración a las condiciones de privación de libertad, afectando el derecho a la vida, la integridad personal, la dignidad humana o su derecho a la defensa», sostiene el fallo. Tampoco encontró evidencia de que el traslado suponga un peligro para la integridad física, mental o moral de los reos.
Los tres nombres detrás del fallo no son menores. Mosquera fue detenido en enero de 2024 durante la operación Alpes, acusado de liderar una red dedicada al tráfico de drogas que operaba en las provincias de Panamá, Coclé, Herrera y Veraguas. Según las autoridades, manejó durante años una estructura que introducía droga al país para enviarla después, en contenedores, hacia Europa y Estados Unidos.
Torrenegra fue condenado en 2017 a 77 meses de prisión por pandillerismo, como parte de la banda Kill The Nasty, que operaba en la calle 17 de Río Abajo. La investigación en su contra había arrancado en 2013, tras denuncias sobre las actividades del grupo. Richards, por su parte, cumple una condena de 18 años por el homicidio de un agente de seguridad durante el asalto a un camión de la empresa Brinks, en Herrera, en 2006.
Los tres estaban antes recluidos en el centro penitenciario de la isla de Punta Coco. En junio de este año, el Ministerio de Seguridad ordenó el traslado de todos los internos de ese penal hacia la base del Senan en Coiba. La decisión no fue aislada: entre los trasladados figuran otros nombres que ilustran el peso criminal que la isla ahora concentra.
Juan Vicente Blandford, alias Juncin, fue detenido y condenado en 2022 durante la operación Piedra Negra, que desarticuló una red dedicada a la contaminación de contenedores; cumple una condena de 156 meses. También está José Cossio, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de la pandilla Calor Calor, quien en 2022 había sido liberado de manera irregular por el entonces juez Gerardo Ríos, según las propias autoridades.
Héctor Moisés Barberena, alias Moisés, mantiene una condena de 10 años por blanqueo de capitales y tráfico de drogas. Eduardo Macea, alias Marshall, fue condenado a 15 años por tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas. Todos comparten hoy el mismo domicilio forzoso: la isla que el Senan controla frente a las costas de Veraguas.
Para entender el presente hay que volver a ese expediente de Punta Coco, un penal que durante años concentró a figuras del crimen organizado sin que el Estado lograra impedir episodios como la liberación irregular de Cossio. El desenlace de esta historia —un fallo unánime de la Corte Suprema respaldando el traslado a un centro de mayor control operado por el Senan— envía una señal que trasciende a los tres reos nombrados en el edicto.
Los detalles cuentan la historia de un Estado que, tras años de fugas, liberaciones irregulares y jueces señalados por sus propias decisiones, decide blindar jurídicamente la reclusión de quienes considera de alta peligrosidad. Para un país que necesita mostrar a inversionistas y socios comerciales que sus instituciones funcionan y que el crimen organizado no dicta las reglas del sistema penitenciario, un fallo unánime del máximo tribunal a favor del orden pesa más que cualquier comunicado oficial. La seguridad jurídica, al final, también se construye isla por isla, celda por celda.
