La escena es la de siempre en estos meses: dos funcionarias, una que entra y otra que sale, midiendo fuerzas en X. Pero esta vez el terreno es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la entidad que administra los recursos destinados a la niñez colombiana, y la pelea es por plata.
Todo comenzó cuando Astrid Cáceres, quien dirigió el ICBF durante el gobierno de Gustavo Petro y que este último presentó como parte de un «gabinete» alternativo para hacer oposición al actual presidente De la Espriella, publicó una serie de preguntas sobre el nuevo Presupuesto General de la Nación. «En el presupuesto nuevo recortaron recursos para el ICBF. Las preguntas centrales: ¿está en riesgo la continuidad de la vinculación laboral de madres comunitarias, hogares infantiles y madres sustitutas propuesto en el artículo 68 de la reforma laboral? (…) ¿qué exactamente se recorta cuando se recorta a lo social?», escribió Cáceres.
La respuesta no se demoró. Carolina Restrepo, la directora que el nuevo gobierno puso al frente del ICBF y que se ha convertido en una de las voces más activas de la administración en redes sociales, decidió contestar con cifras, no con consignas. «Qué bueno verla ahora tan preocupada por el presupuesto del ICBF. Esa preocupación habría sido muy útil cuando tenía más de 70 asesores en su despacho, además de una planta de 35 'asesores'», escribió.
El giro de la discusión llegó con el detalle. Restrepo denunció, según sus propias palabras, la existencia de «un asesor con una remuneración cercana a los 15 millones de pesos mensuales más prima técnica dedicado a ser el todero del ICBF, verificando si había tornillos, bombillos y cuanto asunto apareciera». También señaló que la gestión anterior habría decidido «seguir pagando un arriendo de más de 220 millones de pesos mensuales por unas instalaciones cuya ocupación pueden ver ustedes mismos». Cerró con una frase que resume el ángulo de toda la controversia: «Celebro que la austeridad le haya llegado. Ahora sí la plata va a empezar a alcanzar. Porque es la plata de la niñez y la plata de la niñez se respeta».
La trastienda del cruce se trasladó entonces al terreno jurídico. Cáceres exigió una rectificación pública y pidió que las afirmaciones no mezclaran «funcionarios de planta con contratistas» ni omitieran «su período de vinculación o sus funciones». Le reclamó a Restrepo que no construyera, a partir de datos aislados, «una imputación de despilfarro como si fuera un hecho demostrado».
Restrepo no cedió. Sostuvo que sus señalamientos están soportados en «los propios archivos y registros del ICBF» y que no se retractaría. «No me intimida una solicitud de rectificación. Lo que me preocuparía sería haber hecho afirmaciones sin pruebas. Y las pruebas las tengo», respondió. Explicó además por qué no exhibía esos documentos en la red social: «No voy a convertir X en un expediente de contratación ni a publicar indiscriminadamente documentos o información de terceros para satisfacer una exigencia suya». El desenlace, por ahora, quedó en manos de los abogados: «Procedemos con el equipo jurídico. Feliz día. Gracias por su respuesta», fue la última respuesta de Cáceres.
Los detalles cuentan la historia mejor que cualquier consigna. El episodio no es un exabrupto aislado, sino una muestra más de la confrontación habitual entre los funcionarios que llegaron con De la Espriella y los que dejó el gobierno de Petro, una tensión que se repite entidad por entidad desde el cambio de administración.
Más allá del pleito personal entre las dos funcionarias, lo que queda expuesto —según la denuncia de Restrepo, que Cáceres exige que se pruebe formalmente— es la estructura de gasto que habría operado en una entidad financiada con dinero de los contribuyentes y destinada a la protección de la niñez: una planta de asesores que, de confirmarse en los términos denunciados, superaría con holgura lo que exigiría la operación básica del organismo, más un contrato de arrendamiento millonario para instalaciones cuya ocupación real está en entredicho.
Esa es, en el fondo, la pregunta que interesa al ciudadano que paga impuestos: si el aparato estatal que administra recursos sociales creció en asesores y arriendos mientras se discutía, en paralelo, si había o no plata para las madres comunitarias. La pelea entre Restrepo y Cáceres se resolverá, dice esta última, ante las autoridades. Pero el debate de fondo —cuánta burocracia puede sostener una entidad social sin desviar recursos de quienes debería proteger— no depende de quién gane el pleito en X, sino de que las pruebas prometidas por ambas partes finalmente se hagan públicas.
