La Oficina de Política Nacional del Control de Drogas volvió a lanzar un mensaje directo a México. Esta vez, la advertencia no se limitó a los cárteles. También alcanzó a los funcionarios que, por acción u omisión, los protejan.
«Si ayudan o son cómplices de los cárteles, si colaboran con organizaciones terroristas, no nos importa si son el gobernador o si son la persona que trabaja en la plaza, en una pequeña tienda», dijo la directora Sara Carter en una entrevista difundida por la oficina. «Los encontraremos, iremos por ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias», añadió.
La escena lo dice todo. Washington quiere dejar claro que la persecución ya no se limita a los jefes criminales. También apunta a la red política y administrativa que les da aire. Esa es la trastienda del poder del narcotráfico: sin protección, la capacidad de operar se reduce; con protección, el negocio se expande.
La oficina de Carter dijo en X que ella «reafirma la postura de Estados Unidos respecto a los cárteles y funcionarios corruptos», y subrayó la importancia de una colaboración estrecha entre Washington y el Gobierno mexicano. El mensaje llegó en medio de un año marcado por los reclamos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha calificado como intentos de «injerencia» las acciones del Gobierno de EU.
La advertencia también se cruza con el caso de Rubén Rocha. Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, quien pidió licencia, y a nueve funcionarios más de su administración de supuestamente proteger a Los Chapitos. El Gobierno de Sheinbaum respondió que la administración de Trump no presentó pruebas contundentes contra Rocha.
A la par, el Gobierno de México ha realizado tres entregas masivas de narcotraficantes entre 2025 y 2026. En total, trasladó a 92 personas que permanecían recluidas en cárceles mexicanas. Las expulsiones alcanzaron a líderes y operadores de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, de Juárez y del Noreste, así como a Los Zetas y los Beltrán Leyva.
La primera entrega ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando México trasladó a 29 personas requeridas por la justicia estadounidense. Entre los nombres destacados estuvieron Rafael Caro Quintero y los hermanos «El Z-40» y «El Z-42».
La segunda se realizó el 12 de agosto de 2025, con 26 presuntos delincuentes. En ese grupo figuraron Servando Gómez Martínez, «La Tuta»; Abigael González Valencia, «El Cuini», y Juan Carlos Félix Gastélum, «El Chavo Félix», identificado como uno de los principales operadores de la facción de Ismael «El Mayo» Zambada.
La tercera expulsión ocurrió el 20 de enero de 2026, con el traslado de 37 personas consideradas por las autoridades mexicanas como un riesgo para la seguridad nacional. Entre ellas estaban Pedro Inzunza Noriega, «El Señor de la Silla», identificado como segundo al mando de los Beltrán Leyva, y Armando Gómez Núñez, «Delta 1», vinculado con una célula del CJNG.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El mensaje de Washington no solo presiona al gobierno mexicano en el terreno de seguridad. También exhibe una realidad incómoda para cualquier Estado que aspire a recuperar el orden: cuando la protección institucional entra en la ecuación, el crimen deja de ser un problema policial y se convierte en un problema de autoridad.
En ese punto, el costo lo paga el ciudadano y también el contribuyente. La libertad económica, la inversión y la vida cotidiana dependen de que el aparato estatal no sea rehén de redes criminales. Si Estados Unidos convierte esa sospecha en una línea de acción sostenida, el desenlace puede obligar a México a depurar sus propias complicidades. Y eso, más que una disputa diplomática, es una prueba de Estado.
