La senadora Paulina Vodanovic (PS) volvió a poner bajo presión la reforma de seguridad impulsada por el Ejecutivo. Esta jornada, cuestionó con dureza la iniciativa y dijo que el gobierno debe concentrar sus esfuerzos en medidas concretas para enfrentar el crimen organizado.
«La reforma de seguridad es un espanto jurídico», afirmó. También sostuvo que «nadie, ningún académico en Chile defendió ese proyecto, desde Nacional Libertario hasta el Partido Comunista, en contra». A juicio de la parlamentaria, si el gobierno no reconoce que presentó «un mal proyecto» y lo retira, «es problema del gobierno».
Vodanovic dijo además que la discusión no pasa por sumar estados de excepción constitucional ni por otorgar más facultades, sino por «voluntad política». En esa línea, apuntó al tráfico de armas como uno de los puntos centrales que, a su juicio, el Ejecutivo no está enfrentando con la suficiente decisión.
«¿Por qué el gobierno hoy día no toma acciones destinadas a perseguir las armas y el tráfico de armas que hay en nuestro país?», preguntó. En su intervención mencionó que hace dos semanas se encontró en La Granja, en Santiago, «una gran cantidad de armamento en un departamento proveniente de la policía argentina». Agregó que «Carabineros está con unas pistolas pequeñas enfrentando al crimen organizado que tiene armas automáticas».
La senadora también desplazó el foco hacia la trastienda presupuestaria. Según dijo, hoy se necesita «acción», «intervención en los barrios» y que el Presupuesto de la Nación contenga «recursos suficientes» para mantener programas de mejoramiento urbano y apoyos municipales en territorios donde, afirmó, el crimen organizado está «campeando».
En su diagnóstico, el problema golpea sobre todo a las comunas más pobres. «Esto no ocurre en las tres comunas del Barrio Alto; principalmente ocurre en aquellas comunas más pobres», señaló, y atribuyó la rebaja de recursos a la «megareforma».
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La discusión sobre seguridad dejó de ser una disputa abstracta sobre textos legales y volvió a la calle, a los municipios y al dinero de los contribuyentes. Cuando una senadora del oficialismo cuestiona el diseño del propio gobierno, el mensaje es claro: la burocracia no alcanza si no hay capacidad real para enfrentar al crimen organizado.
La escena lo dice todo. Mientras el Ejecutivo intenta sostener su reforma, el debate público gira hacia lo que importa de verdad para cualquier ciudadano y para cualquier actividad económica: orden, persecución efectiva de las armas y presencia del Estado donde la violencia se impone. Sin eso, cualquier nueva ley corre el riesgo de convertirse en un gesto más de oficina, caro y poco útil.
