La escena lo dice todo.
A las afueras del penal de El Rodeo I, con fotografías en mano y oraciones en voz alta, los familiares de presos políticos venezolanos cumplieron la vigilia número 193 del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. El número importa: ciento noventa y tres semanas consecutivas de presencia frente a los muros de una institución que el régimen prefiere mantener fuera del escrutinio público.
Las denuncias de la jornada del 20 de julio fueron concretas y documentadas por los propios asistentes. Según los familiares, los reclusos han sido sometidos a aislamiento como represalia. Se reportó además un brote diarreico entre la población carcelaria sin que mediara atención médica oportuna. Y tras los recientes sismos que sacudieron al país, las familias advirtieron que no existen protocolos de evacuación en las celdas, ni se ha permitido una inspección técnica independiente de la infraestructura.
Los presentes señalaron que la situación no se limita a El Rodeo I. Según sus testimonios, condiciones similares se replican en Ramo Verde, La Crisálida, el Inof, Yare y el Fuerte Guaicaipuro: reclusión en condiciones inhumanas y restricciones que los familiares califican de arbitrarias.
El punto que los organizadores subrayaron con mayor énfasis fue la distancia entre el discurso oficial y la realidad intramuros. Las promesas de libertad emitidas por el chavismo, dijeron, no se han traducido en garantías reales ni en la restitución del debido proceso para ninguno de los detenidos.
La vigilia se desarrolló bajo el lema «Por la vida», y los asistentes elevaron oraciones exigiendo que todas las personas detenidas por motivos políticos sean tratadas con dignidad mientras permanezcan privadas de libertad.
Para entender el presente hay que volver a esa semana.
El régimen que encabeza Nicolás Maduro —y cuya gestión carcelaria queda bajo la órbita de figuras como Delcy Rodríguez, a quien los familiares responsabilizan directamente— ha construido un sistema en el que la opacidad es el instrumento. Negar la inspección técnica independiente no es un descuido administrativo: es una decisión. Impedir que un médico externo evalúe un brote diarreico no es una falla logística: es una elección. Los detalles cuentan la historia.
Desde la línea editorial de Hemisferio, lo que ocurre en El Rodeo I y en los otros penales mencionados ilustra el desenlace natural de un Estado que ha subordinado el derecho a la conveniencia política. Cuando el aparato estatal decide quién merece proceso y quién merece celda de aislamiento, cuando las promesas de liberación se usan como moneda de negociación sin respaldo jurídico real, lo que se erosiona no es solo la integridad de los reclusos: es el principio mismo del Estado de derecho. Ciento noventa y tres vigilias son ciento noventa y tres semanas en que la sociedad civil ha sostenido, con su presencia física, lo que las instituciones formales han abandonado. Esa persistencia, silenciosa y sostenida, es también una forma de resistencia.
