A las 14H30 del viernes, cuando Viacha transcurría su rutina de comercio y tráfico a 30 kilómetros de la sede de gobierno boliviana, una primera detonación sacudió un recinto militar donde se almacenaba material pirotécnico. Minutos después llegó la segunda, «de mucho mayor magnitud», según describió el propio ministro de Defensa, Ernesto Justiniano. La escena lo dice todo: ventanas rotas en las viviendas vecinas, escombros volando por los aires y una columna de humo negro que se elevó sobre la ciudad y quedó grabada en videos ciudadanos difundidos por medios locales.
El saldo, según el último balance oficial, es de dos militares muertos, siete desaparecidos —todos ellos personal que servía en la instalación— y 81 heridos, dos de ellos en estado grave. Un reporte policial previo hablaba de una cifra menor: dos muertos, siete desaparecidos y 59 heridos, lo que sugiere que el número de afectados siguió creciendo a medida que avanzaban las labores de rescate entre los escombros.
Decenas de policías cerraron el paso a transeúntes y periodistas en los alrededores del recinto, mientras bomberos trabajaban con camiones cisterna para apagar los focos de calor que persistían tras la segunda explosión. «Se tiene controlado el incidente», afirmó el coronel Roger Roca, vocero de la policía, aunque las tareas de remoción de escombros continuarán en las próximas horas.
Los vecinos de la zona fueron evacuados a un albergue temporal. El ministro Justiniano fue claro sobre los tiempos: «todavía no es prudente» que regresen a sus hogares, porque «existen viviendas afectadas por la onda expansiva». Es decir, ciudadanos ajenos por completo al manejo militar del arsenal terminaron pagando en propiedad dañada el costo de un depósito estatal que, según la propia autoridad, no cumplió —o al menos no se sabe todavía si cumplió— los protocolos de seguridad.
Sobre la causa técnica, el relato oficial distingue dos momentos. La primera detonación «habría involucrado pólvora negra, correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar». La segunda, la más destructiva, tiene origen todavía sin determinar: ni la causa ni el material que explotó han sido esclarecidos, según el propio ministro. El Ministerio de Defensa precisó, eso sí, un dato que despeja al menos un temor inmediato: ningún tipo de armamento bélico fue detonado.
La Fiscalía boliviana desplazó investigadores al lugar y abrió una pesquisa penal por homicidio culposo, lesiones culposas y «otros estragos», la fórmula legal que apunta directamente a responsabilidades por negligencia antes que a un ataque deliberado. Es la vía que en los próximos meses determinará si hubo fallas humanas, de almacenamiento o de control en una instalación que, por definición, debería estar sometida a los estándares más estrictos del Estado.
El presidente Rodrigo Paz reaccionó el mismo viernes con un mensaje en X en el que expresó su «profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones». Fue más allá de la condolencia protocolar: instruyó «una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido» y planteó tres tareas concretas —establecer las causas, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan—. El ministro Justiniano, por su parte, resumió la prioridad inmediata del gobierno: «atender a los heridos, acompañar a sus familias y continuar las labores de búsqueda y verificación».
Para entender el presente hay que volver a esa tarde de viernes en Viacha, cuando un depósito de material pirotécnico bajo custodia militar se convirtió, en cuestión de minutos, en una amenaza para la vida de civiles que nada tenían que ver con la logística del Ejército. Ese es, en el fondo, el dato que trasciende el sucedo puntual: un Estado que administra explosivos con opacidad suficiente como para que ni el propio ministro de Defensa pueda explicar, horas después, qué provocó la segunda y más letal detonación.
La promesa de transparencia de Paz será la prueba de fondo. Un país donde la Fiscalía investiga «homicidio culposo» dentro de sus propias fuerzas armadas necesita algo más que comunicados de solidaridad: necesita que la rendición de cuentas llegue hasta el final, sin que la disciplina militar se convierta en excusa para diluir responsabilidades. Los vecinos de Viacha, con sus casas dañadas por una onda expansiva que no provocaron, esperan menos discurso oficial y más claridad sobre por qué el aparato estatal guardaba semejante riesgo a las puertas de sus hogares.
