La escena lo dice todo.
Era la noche del miércoles 5 de agosto en un departamento del sector Nueva Aurora, en Viña del Mar. Alguien solicitó al conserje del edificio que llamara a Carabineros, alegando una agresión. Al llegar, el personal policial encontró desorden y daños en distintas especies al interior del inmueble. Los dos ocupantes del lugar —el senador Fidel Espinoza, del Partido Socialista, y otra persona adulta— estaban presentes.
Lo que ocurrió a continuación define el nudo de la historia: ninguno de los dos quiso presentar una denuncia formal ni acudir a un centro asistencial para constatar lesiones. Pero la Fiscalía decidió actuar de todas formas.
«Las dos personas entregaron versiones contrapuestas, ambas atribuyendo a la otra la relación de actos de agresión, y una de ellas habría reconocido haber provocado daños al interior del inmueble», declaró el fiscal Mauricio Díaz, de la Unidad Regional de Instrucción y Flagrancia.
Díaz fue preciso en el fundamento para continuar: «Atendido que se trata de hechos eventualmente constitutivos de violencia familiar, los antecedentes fueron comunicados al turno regional de Instrucción y Flagrancia, unidad donde se dispuso continuar con las diligencias destinadas al esclarecimiento de lo ocurrido».
El senador salió al paso con un comunicado público. En el texto, Espinoza reconoció que existió «una situación de carácter personal que se produjo en el contexto de una discusión entre dos personas adultas, en un recinto particular y privado», pero negó de plano cualquier acto de violencia: «No existió de parte de nadie ningún acto de violencia física ni verbal».
El legislador también subrayó que Carabineros «se retiraron sin recibir denuncias de ningún tipo» y cerró con una afirmación categórica: «No existe denuncia en mi contra ni he sido formalizado por delito alguno». Anunció, además, que no realizará más declaraciones «por respeto a la privacidad de las personas involucradas y a la actuación de las instituciones».
Los detalles cuentan la historia. La declaración del senador y el relato del fiscal no son incompatibles en un punto: nadie presentó denuncia formal esa noche. Sin embargo, divergen en lo sustancial: Espinoza afirma que Carabineros constató la ausencia de violencia; el fiscal describe un escenario con daños visibles y dos versiones que se acusan mutuamente.
La Fiscalía tiene, por ley, la facultad de investigar hechos que puedan constituir violencia intrafamiliar incluso sin denuncia de las partes. Esa es precisamente la vía que activó el turno regional. La investigación continúa.
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Para Hemisferio, el episodio plantea una pregunta que trasciende a sus protagonistas: ¿qué estándar de conducta se aplica a quienes legislan sobre las mismas normas que hoy los rozan? El senador Espinoza pertenece a un partido que ha hecho de la agenda de género y la violencia doméstica una bandera política prioritaria. La distancia entre el discurso público y los hechos que ahora investiga la Fiscalía —con versiones contrapuestas, daños materiales constatados y una llamada de auxilio al conserje— es, cuanto menos, incómoda.
La ciudadanía que financia con sus impuestos el aparato legislativo tiene derecho a conocer el desenlace. La transparencia no es un favor que los funcionarios electos conceden; es una obligación que el cargo impone. Cerrar el comunicado con un «no realizaré más declaraciones» puede ser un derecho personal, pero difícilmente es el comportamiento que se esperaría de quien ocupa una curul en el Senado de la República.
