Las calles de Venezuela volvieron a ser escenario de protestas en los últimos días. El detonante inmediato fue la seguidilla de apagones prolongados en varias entidades del país, pero el malestar acumuló también bajos salarios, falta de derechos laborales y exigencias políticas.
Las movilizaciones se extendieron durante el 23 y 24 de septiembre en distintos estados. En Aragua, habitantes de El Paseo, Rosario de Paya, Fundación Mendoza y Las Guacamayas cerraron vías y realizaron cacerolazos. En Portuguesa hubo protestas en Araure y Píritu. En Guárico se registraron movilizaciones en Zaraza, Camaguán, Valle de la Pascua y Calabozo. También hubo reportes en Anzoátegui, Zulia y Sucre.
La escena se repitió en otros puntos del país. En la carretera Panamericana, en el eje que conecta localidades de Zulia y Mérida, vecinos de Caja Seca y Nueva Bolivia denunciaron cortes prolongados y bloquearon el tránsito. En Lara, habitantes de Carora cerraron una avenida después de días sin servicio. En Barinas también se registraron trancas con barricadas de fuego, según imágenes difundidas en redes.
Los reclamos se concentran en la duración de los cortes y en la ausencia de información oficial. Vecinos aseguran que desconocen cuándo se producirán las interrupciones y cuándo volverá la electricidad. En algunas localidades, los reportes ciudadanos hablan de apagones que superan las 12 horas y hasta las 16 horas. En Zaraza, hubo denuncias de cortes de 6 a 12 horas diarias.
La falta de cronograma oficial afecta la vida cotidiana y la actividad económica. Ciudadanos denunciaron daños en electrodomésticos, pérdida de alimentos y dificultades para conservar medicamentos. También señalaron que la incertidumbre complica la planificación de tareas comerciales, laborales y educativas.
En Calabozo, vecinos expresaron su molestia por interrupciones que, según testimonios difundidos por medios locales, superan las 12 horas. Kariela Higuera, habitante de la localidad, cuestionó las consecuencias para personas con enfermedades crónicas y para quienes deben acudir a hospitales y clínicas, de acuerdo con declaraciones recogidas por La Patilla.
En Las Garcitas, Valle de la Pascua, vecinos dijeron que la avería de un transformador los dejó sin electricidad durante aproximadamente una semana. Allí, el cierre de vías se convirtió en una medida de presión para exigir su sustitución.
El repunte de estas protestas llega después de un agosto especialmente agitado. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 652 protestas en el país, cerca de 22 por día. La cifra representó un aumento de 288% frente a las 168 manifestaciones registradas en agosto de 2025. De ese total, 501 estuvieron vinculadas con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y 151 con derechos civiles y políticos.
El malestar no se limita a la electricidad. Mientras las comunidades protestaban por los cortes, trabajadores de educación y organizaciones sindicales se movilizaron el jueves en Caracas y otras entidades para exigir salarios y pensiones dignos, derechos laborales y garantías políticas. La jornada fue convocada por las Federaciones Signatarias del Magisterio Venezolano, incluida la Federación Venezolana de Maestros y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela.
El gobierno, por su parte, atribuyó las fallas a factores diversos. Delcy Rodríguez afirmó que el sistema eléctrico está siendo objeto de supuesto sabotaje y señaló manipulaciones en las presiones de gas que afectarían el sistema termoeléctrico. También vinculó las dificultades con las sanciones extranjeras, el aumento de la demanda y las altas temperaturas.
Tras regresar al país el 24 de septiembre, Rodríguez visitó el Centro Nacional de Despacho de Energía Eléctrica y dijo que la demanda había superado los 16.400 megavatios, un nivel que, según ella, no se observaba desde 2017. Pidió a los ciudadanos reducir el consumo para contribuir al ahorro energético.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: la electricidad dejó de ser un servicio previsible y pasó a convertirse en una disputa política y social. Cuando el Estado no garantiza algo tan básico como el suministro, la vida diaria se organiza en función de la incertidumbre, y esa incertidumbre termina pasando factura en productividad, salud y comercio.
La escena lo dice todo. En vez de ofrecer cronogramas claros, mantenimiento visible y reglas estables, el poder responde con explicaciones cruzadas y pedidos de ahorro al ciudadano. En el medio quedan las familias, los trabajadores y los pequeños negocios, que cargan con el costo de un aparato estatal incapaz de dar continuidad a un servicio esencial.
