Bárbara César Siero, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, denunció que fue coaccionada para firmar sentencias de inhabilitación política, incluida la que dejó a María Corina Machado fuera de la carrera presidencial de 2024.
La exfuncionaria difundió la acusación en un video y una carta publicados en sus redes sociales. Allí responsabilizó al Estado venezolano por la seguridad de sus familiares y por la suya propia.
Según su relato, todo se agravó el 15 de diciembre de 2023, cuando Machado presentó ante el TSJ una demanda para solicitar la revisión de la sanción de inhabilitación impuesta años antes por la Contraloría. Ese mismo día, afirmó César Siero, tres de sus familiares fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Los detenidos, de acuerdo con su denuncia, fueron sus hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, además de su cuñada, la mayor Diana Desirée Victoria Justo.
La exmagistrada sostuvo que durante ese periodo no sabía dónde estaban recluidos, no podía comunicarse con ellos y tampoco conocía los delitos que las autoridades les atribuían. Aseguró que esa presión incidió en las decisiones que debía tomar desde la Sala Político Administrativa del TSJ, de la que era vicepresidenta y que tenía competencia sobre demandas relacionadas con inhabilitaciones políticas.
«A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ», dijo, al insistir en que terminó firmando varias sentencias relacionadas con inhabilitaciones políticas.
Entre esas decisiones, señaló la que afectó a Machado, quien había ganado las primarias de la oposición venezolana en octubre de 2023.
César Siero también afirmó que el 22 de enero de 2024 el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, vinculó a sus familiares con la llamada operación «Brazalete Blanco», presentada por las autoridades como un supuesto plan para atentar contra Nicolás Maduro. En ese proceso también fue involucrada la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, quien fue absuelta del caso la semana pasada.
La exmagistrada dijo además que fue obligada a renunciar a su cargo en dos ocasiones. Y agregó que en junio pasado su cuñada Diana Desirée Victoria Justo y su hermano Guillermo Henry César Siero fueron excarcelados con medidas cautelares junto con otros militares relacionados con el mismo proceso.
Sin embargo, el jueves, sus dos hermanos y su cuñada fueron condenados a penas de entre tres y doce años de prisión por los delitos de conspiración política y encubrimiento, según el texto citado.
La escena lo dice todo. En esta historia no solo está en juego la inhabilitación de una dirigente opositora, sino también la forma en que el aparato estatal puede volverse una herramienta de presión sobre quienes deciden en la trastienda judicial.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Si una magistrada denuncia que familiares suyos fueron usados como rehenes para forzar sentencias, el debate ya no es solo político: es de Estado de derecho. Cuando la justicia se percibe como un instrumento de coerción, el daño no recae solo en una persona o en una candidatura; erosiona la confianza en todo el sistema y deja a los ciudadanos a merced del poder.
