La Asamblea Nacional avaló este martes la designación de Raúl LiCausi como nuevo embajador en Bélgica y de Juan Carlos Fernándes como jefe de la sede diplomática en Portugal. LiCausi, que antes fue viceministro para el Caribe, también representará a Venezuela en Luxemburgo y ante la Unión Europea.
Fernándes fue transferido desde la embajada en Vietnam para asumir en Lisboa. Según lo presentado por la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, su agenda en Portugal estará marcada por un proceso de normalización que incluye la reactivación de la conectividad aérea, los lazos comerciales y la recuperación de fondos venezolanos retenidos en Novo Banco.
El diputado oficialista Abimelech Méndez calificó la designación de LiCausi como una oportunidad para establecer una relación más «pragmática» con Europa. Dijo además que el diplomático estudió Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela y posee especializaciones en derechos humanos y política exterior.
Méndez también destacó su paso por cargos vinculados al aparato estatal venezolano: fue embajador regional para el Caribe, gobernador alterno del Banco de Desarrollo del Caribe, presidente de PDV Caribe —una filial de Pdvsa— y viceministro de Relaciones Exteriores para el Caribe.
En el caso de Fernándes, el diputado Alberto Giménez lo presentó como licenciado en Geografía y funcionario de la Cancillería desde 2011. Señaló que trabajó como ministro consejero en las embajadas en Estados Unidos y Mozambique, y luego como embajador en Vietnam.
Giménez subrayó que el nuevo ciclo con Portugal llega cuando se cumplen 113 años de relaciones bilaterales. También vinculó la gestión de Fernándes con un «importante proceso de normalización» y con la recuperación de los fondos venezolanos retenidos en Novo Banco.
Ese punto sigue siendo clave en la trastienda de la relación con Lisboa. Un tribunal de Portugal ordenó en agosto de 2023 el desbloqueo de 1.500 millones de dólares venezolanos retenidos en Novo Banco. Sin embargo, la institución financiera se rehusó a liberar el dinero de inmediato y alegó que era necesario esclarecer quién ejercía la «representación legal legítima de las entidades públicas de Venezuela».
Los fondos, pertenecientes a compañías estatales, permanecían retenidos desde 2019 tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino. En esa disputa aparece el desenlace que ahora intenta mover la diplomacia oficial: recuperar recursos bloqueados durante años y reconstruir canales con Europa sin perder de vista el costo de la parálisis anterior.
La escena lo dice todo. Mientras el Parlamento aprueba embajadores para dos capitales europeas, el trasfondo no es solo protocolar: es financiero, comercial y político. El gobierno venezolano intenta reabrir puertas en un continente clave, pero lo hace desde una posición de debilidad acumulada, con dinero de empresas estatales todavía atado a una pelea de representación y con la conectividad aérea como señal de que la normalización sigue incompleta.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La decisión del tribunal portugués en 2023 dejó claro que el problema no era únicamente jurídico; también era de control y legitimidad sobre activos públicos. Ahora Caracas apuesta por cuadros diplomáticos que puedan avanzar en Bruselas y Lisboa, dos plazas donde se cruzan la política exterior, los intereses comerciales y la disputa por fondos congelados.
Desde la mirada de esta casa, el dato relevante es que la diplomacia no puede seguir siendo un terreno de gestos vacíos. Cuando hay 1.500 millones de dólares retenidos y una conectividad aérea por reactivar, lo que está en juego es más que una ceremonia de nombramientos: es el acceso del país a recursos, comercio y soberanía práctica.
Si la nueva etapa realmente busca normalización, tendrá que traducirse en resultados verificables para Venezuela y no en más burocracia diplomática. El contribuyente y el país necesitan hechos, no solo cargos. En ese punto, la eficacia del Estado vale más que el lenguaje ornamental de siempre.
