La escena lo dice todo. En Caraballeda, una mujer de 42 años llamada Xiomara Inojosa explica, con la voz quebrada, que sus familiares siguen atrapados bajo los restos de un edificio de interés social mientras los vecinos discuten si dejar entrar las retroexcavadoras o esperar a los rescatistas voluntarios. «Cada quien está peleando porque unos quieren continuar con las labores de búsqueda y otros quieren meter las máquinas», dijo Inojosa según el reporte difundido esta semana.
Dos semanas después del doble sismo que sacudió Venezuela el 24 de junio, el Gobierno venezolano elevó este jueves 9 de julio la cifra oficial de fallecidos a 3.889. Los heridos se mantienen en cerca de 17.000, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó a través de Telegram que los movimientos telúricos dejaron 17.907 personas sin vivienda. Los sismos registraron magnitudes de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter.
El epicentro del desastre estructural está en el estado costero de La Guaira. Más de 800 edificios resultaron dañados en esa región; 190 de ellos sufrieron colapso total. Las labores de remoción de escombros con maquinaria pesada generan acumulaciones de polvo que dificultan los trabajos y alimentan la tensión entre las familias que aguardan noticias de sus desaparecidos. La disputa en Caraballeda se resolvió de forma parcial cuando se permitió retirar exclusivamente el material ya extraído para abrir vías de tránsito, sin avanzar con los equipos mecánicos sobre las zonas donde podrían encontrarse sobrevivientes.
Inojosa advirtió que el movimiento de los equipos mecánicos crea el riesgo de que las losas de concreto caigan encima del personal de rescate. Es el dilema clásico de toda emergencia de este tipo: la urgencia de despejar escombros choca con la posibilidad, cada vez más remota pero nunca descartada, de encontrar vida.
Mientras tanto, la trastienda política y financiera se mueve a otra velocidad. La presidenta interina Delcy Rodríguez solicitó el miércoles la liberación de los recursos venezolanos bloqueados en entidades del extranjero. De forma paralela, la ONU gestiona la recaudación de 300 millones de dólares para la ayuda humanitaria. Y la portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, confirmó que Venezuela y el FMI negocian el desbloqueo rápido de activos financieros destinados a atender los daños materiales generados por los sismos.
Los detalles cuentan la historia. Venezuela llega a esta catástrofe natural con décadas de deterioro institucional, infraestructura envejecida y activos congelados en el exterior precisamente como consecuencia de las políticas del régimen. Los 190 edificios colapsados en La Guaira no son solo una estadística sísmica: son el inventario de años de construcción precaria, mantenimiento inexistente y desinversión sistemática en el parque habitacional público.
Para Hemisferio, la imagen de Xiomara Inojosa esperando frente a los escombros condensa algo más que una tragedia natural. Condensa el desenlace de un modelo que durante años expropió, estatizó y descapitalizó, y que ahora pide al sistema financiero internacional que libere los recursos que ese mismo modelo hizo inaccesibles. La comunidad internacional tiene razones humanitarias de peso para responder con rapidez: casi cuatro mil muertos y diecisiete mil heridos son una emergencia real que no admite dilaciones ideológicas. Pero sería un error histórico que el alivio exterior llegue sin condiciones de transparencia, sin mecanismos independientes de distribución y sin que el aparato estatal venezolano rinda cuentas de cómo se gastan los fondos. El dinero de los contribuyentes del mundo y de los organismos multilaterales merece, al menos, esa garantía.
