La escena lo dice todo. A un mes del doble terremoto que sacudió Venezuela con magnitudes de 7,2 y 7,5, el Banco Central del país (BCV) convocó a representantes de la banca nacional para explorar estrategias de reconstrucción. El resultado: un comunicado de prensa sin cifras comprometidas, sin plazos y sin mecanismos concretos.
Los números de la tragedia son brutales. Casi 5.400 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas que perdieron su vivienda. El sismo dañó edificios, comercios, hoteles, hospitales, escuelas, centros comerciales, iglesias, industrias, carreteras, puentes y el principal aeropuerto internacional del país. Una destrucción que atraviesa, sin distinción, toda la infraestructura productiva y social de las zonas afectadas.
El BCV informó que en la reunión también participaron la vicepresidencia sectorial de Economía, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban). Las autoridades evaluaron un programa crediticio para financiar la reparación de edificaciones —dirigido a condominios y personas naturales— y el acceso a recursos para adquirir vivienda en los casos de pérdida total.
«Se plantea que este programa sea un complemento a otras iniciativas que se adelantan desde el Ejecutivo Nacional para apoyar a las familias y empresas afectadas», explicó el BCV en su nota, sin ofrecer mayores detalles. La frase resume el estado de la respuesta oficial: complementaria, vaga, pendiente.
El BCV sostuvo que todas las medidas se están diseñando «para no causar impacto en la masa monetaria», dado que se implementarían sobre la base de recursos en divisas. El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, aseguró que este año, a pesar de ser «atípico», se asemeja en términos macroeconómicos a 2024, «que se caracterizó por la estabilidad cambiaria y la disminución de las presiones inflacionarias».
La magnitud del desafío financiero contrasta con ese optimismo institucional. Expertos siguen calculando el monto preciso para la reconstrucción, pero las estimaciones ya apuntan a cifras que superarían los 12.000 millones de dólares, equivalentes al 10,9% del producto interno bruto. El economista Asdrúbal Oliveros dijo a EFE que la reconstrucción requerirá entre 12.000 y 15.000 millones de dólares, lo que califica como una cifra «muy significativa» para una nación con un PIB alrededor de los 110.000 millones.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Venezuela llega a esta emergencia con una economía que aún carga el peso de años de contracción severa, sanciones internacionales y una institucionalidad financiera debilitada. La pregunta que ningún comunicado oficial responde es de dónde saldrán los recursos en divisas que el propio BCV reconoce como condición necesaria del programa.
Los detalles cuentan la historia. Un programa crediticio «evaluado» un mes después de la catástrofe, sin montos anunciados, sin tasas definidas, sin cronograma de desembolso, es todavía una promesa en construcción —igual que las 18.000 viviendas que el sismo dejó en escombros.
Desde Hemisferio, la lectura es esta: cuando el Estado es a la vez el planificador, el regulador y el financista de la reconstrucción, la eficiencia cede ante la burocracia. El sector privado —constructoras, aseguradoras, banca comercial con autonomía real— es el único actor con incentivos para reconstruir rápido y bien. Un programa crediticio diseñado «para no causar impacto en la masa monetaria» puede ser fiscalmente prudente en el papel; pero si no va acompañado de reglas claras, garantías jurídicas y apertura a la inversión privada, el dinero llegará tarde o no llegará. Las 18.000 familias sin techo no pueden esperar a que el aparato estatal termine de evaluar.
