La escena lo dice todo. Decenas de familias recorren los escombros de La Guaira buscando a sus desaparecidos mientras, a pocos kilómetros, el parlamento venezolano aprueba leyes de emergencia. Los números que divulgó el lunes 3 de agosto el jefe del parlamento, Jorge Rodríguez, son brutales: 6.125 muertos por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio.
El balance anterior, publicado el 24 de julio, era de 5.546 fallecidos. En apenas diez días la cifra creció casi seiscientas vidas. Según el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedan cerca de 1.400 desaparecidos en esa zona costera, la más golpeada por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.
Los detalles cuentan la historia. Al menos 190 edificios colapsaron por completo, según cifras oficiales. Otras 6.433 estructuras fueron catalogadas como de «alto riesgo» para ser habitadas, y 9.866 más fueron clasificadas como «viviendas restringidas». El resultado es una crisis habitacional aguda: cerca de 24.000 damnificados viven hoy en campamentos en Caracas y en La Guaira. El resto de los afectados fue absorbido por redes familiares o por refugios temporales dispersos.
La semana pasada el gobierno inició demoliciones controladas en estructuras a punto de derrumbarse. Es una carrera contra el tiempo en una región donde el tejido urbano quedó fracturado en pocas horas.
En ese contexto, el Parlamento de Venezuela aprobó el viernes una ley de arrendamiento destinada a ampliar la oferta de inmuebles para los damnificados. La presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna según la fuente «bajo fuerte presión de Estados Unidos», afirmó que la norma permitirá relaciones de «ganar-ganar» entre propietarios e inquilinos. Rodríguez estimó que «alrededor de 400.000 viviendas puedan ser beneficiadas por esta ley» y anunció que el gobierno prevé entregar unas 4.000 viviendas antes de que termine el año, además de ofrecer financiamiento para la adquisición de inmuebles a los afectados.
La ley llega tarde, pero llega. Durante dos décadas de chavismo, una normativa restrictiva desincentivó el mercado de alquiler y dejó a los propietarios sin seguridad jurídica para recuperar sus inmuebles en caso de invasión. El resultado fue previsible: la oferta de vivienda en renta se contrajo, el parque habitacional se deterioró y el Estado nunca pudo compensar ese déficit con construcción pública suficiente. Los terremotos más devastadores en la historia reciente del país encontraron a Venezuela con ese lastre acumulado.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El colapso físico de 190 edificios no es solo tragedia geológica; es también el colapso de décadas de política de vivienda que expropió incentivos, ahuyentó la inversión privada y dejó a miles de familias en estructuras que no debían seguir en pie. La nueva ley de arrendamiento reconoce, implícitamente, ese fracaso.
Hemisferio observa con cautela el anuncio. Que un régimen que durante veinte años destruyó la seguridad jurídica de los propietarios apruebe ahora una ley para restituirla es un giro que merece seguimiento. La pregunta no es si la norma es bienvenida —lo es— sino si las instituciones que la aplicarán tienen la independencia y la voluntad para garantizarla. Mientras 24.000 venezolanos duermen en campamentos y 1.400 siguen desaparecidos bajo los escombros, esa respuesta todavía no existe.
