La escena lo dice todo. Un mes exacto después de que los terremotos del 24 de junio sacudieran Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, actualizó el balance oficial: 5.546 muertos y 16.740 heridos. No era un comunicado de duelo. Era, también, una plataforma política.
Los números son devastadores por sí solos. Según Rodríguez, los sismos han dejado 17.907 personas afectadas, 190 edificios completamente destruidos y más de 1.400 réplicas registradas desde la fecha del desastre. El Estado venezolano desplegó cerca de 31.000 efectivos en todo el territorio, con el apoyo de 2.278 rescatistas internacionales y 31.700 voluntarios. Se instalaron 107 campos de desplazados temporales que albergan a 23.811 personas, y 47.942 pacientes recibieron atención médica. El gobierno cifra en 128.324 las familias que han recibido algún tipo de asistencia estatal, y en 6.462 las personas rescatadas con vida.
Los detalles cuentan la historia. Detrás de esa avalancha de cifras —todas provenientes de fuentes oficiales del régimen de Nicolás Maduro— persisten las críticas a la gestión de la catástrofe, críticas que el propio texto oficial reconoce como «duras». Venezuela llegó al terremoto ya en crisis humanitaria, una realidad preexistente que la emergencia no hizo sino agravar.
Pero fue el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien ofreció el momento más revelador de la semana. En lugar de centrarse en la reconstrucción, Cabello apuntó contra la oposición: «Ningún opositor extremista ha ido a La Guaira para brindar su ayuda al pueblo», afirmó, añadiendo que los líderes opositores «no han trabajado de forma desinteresada» sino «solo para la foto». Fue más lejos: recordó, en tono de reproche, que «una 'joyería' completa llegó a Venezuela» refiriéndose, según sus propias palabras, a quienes dijeron que «ahora sí estaban libres para trabajar por el país».
La retórica de Cabello no es un accidente. Es el patrón: convertir cada crisis en munición electoral, cada tragedia en un escenario donde el régimen se presenta como único actor legítimo y cualquier voz crítica queda descalificada como oportunista. Que esa estrategia se despliegue mientras más de 23.000 personas duermen en campos de desplazados dice más sobre las prioridades del gobierno que cualquier cifra de rescate.
En paralelo, Rodríguez se reunió este viernes con una delegación del Congreso de Estados Unidos encabezada por el diputado Brian Mast. El funcionario venezolano describió el encuentro como «fructífero» y dijo que abordaron «la agenda legislativa y la inversión internacional», agradeciendo además el «apoyo tras la tragedia». La reunión con legisladores estadounidenses, en un momento en que el régimen enfrenta sanciones y aislamiento diplomático, no es un detalle menor: sugiere que Caracas busca abrir canales con Washington aprovechando el contexto humanitario.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Venezuela no es solo un país golpeado por un sismo. Es un Estado que llegó al desastre natural después de años de colapso institucional, escasez y emigración masiva. La infraestructura que se derrumba no cayó solo por la fuerza telúrica; cayó también por décadas de desinversión y gestión ideológica de la economía. Los 190 edificios destruidos son el resultado visible; la causa estructural es más antigua y más profunda.
Desde Hemisferio, la lectura es clara: cuando un gobierno responde a una catástrofe de más de 5.500 muertos con ataques a la oposición antes que con rendición de cuentas, la tragedia humanitaria se convierte también en una tragedia institucional. El dinero de la cooperación internacional y el esfuerzo de los 2.278 rescatistas extranjeros merecen una contraparte estatal que priorice a las víctimas, no el rédito político. Lo que Venezuela necesita no es un aparato burocrático que se autovalida con estadísticas: necesita apertura, auditoría independiente y condiciones para que la inversión privada y la sociedad civil —incluyendo a quienes el régimen llama «opositores extremistas»— puedan trabajar sin obstáculos. Mientras eso no ocurra, cada cifra oficial seguirá siendo, al mismo tiempo, un dato y una incógnita.
