Los números no mienten, aunque el régimen preferiría contarlos de otra manera.
El balance oficial del doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio llegó este lunes a 4,561 muertos, 71 más que el recuento anterior. La cifra la difundió Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a través de sus redes sociales. El mismo canal por el que el chavismo gobierna, comunica y, en ocasiones, administra la tragedia.
Los sismos, de magnitud 7.2 y 7.5, fueron los protagonistas de una noche que partió en dos la geografía costera del país. El estado La Guaira concentra el daño más severo. Allí, a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, el viernes por la mañana se registró una réplica de magnitud 3.9 que bastó para vaciar edificios y desatar el pánico entre una población que lleva semanas durmiendo con un ojo abierto. Desde el 24 de junio se han contabilizado 1,254 réplicas, según el propio Gobierno.
Los detalles cuentan la historia. Hay 16,740 heridos. Hay 17,907 personas sin vivienda. Hay 128,324 familias que han recibido algún tipo de atención estatal, y 20,231 personas alojadas en 107 campamentos transitorios habilitados principalmente en escuelas de Caracas y de los estados Miranda y La Guaira. Escuelas convertidas en refugios: otro indicador silencioso del colapso de la infraestructura pública venezolana.
La trastienda del anuncio oficial revela una brecha que el lenguaje burocrático no logra disimular. El Gobierno informó este fin de semana del inicio de un censo biométrico para determinar cuántas viviendas se necesitan, aunque ya maneja una estimación propia: 25,000 unidades. Frente a esa cifra, Jorge Rodríguez anunció en conferencia de prensa que la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana. Doscientas de veinticinco mil. Sin profundizar en detalles, según recogió la información oficial.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Cuando los sismos golpearon, Venezuela ya era un país con décadas de desinversión en infraestructura, con un sector de la construcción privada diezmado por expropiaciones y controles, y con una economía que el propio régimen ha reconocido como deteriorada. El terremoto no creó la fragilidad; la expuso.
La escena lo dice todo: el Estado que no pudo construir viviendas en tiempos de bonanza petrolera ahora promete 200 unidades ante una demanda de 25,000, mientras miles de familias duermen en aulas escolares y cada réplica menor basta para desencadenar evacuaciones masivas. La capacidad de respuesta de un gobierno no se mide solo en los días del desastre; se mide en los años previos, en las decisiones de política económica, en el espacio que se dejó —o no se dejó— a la libre empresa para construir, invertir y generar el stock habitacional que hoy hace falta.
Lo que viene no es solo una crisis humanitaria de reconstrucción. Es la factura de un modelo que expulsó al capital privado, centralizó cada decisión y dejó al Estado como único constructor, único proveedor, único árbitro. Ese Estado enfrenta ahora 25,000 viviendas pendientes, más de cuatro mil quinientos muertos y 1,254 réplicas que recuerdan, con cada sacudida, que el terreno sigue inestable. Tanto el geológico como el político.
