La escena lo dice todo. Entre escombros que todavía humean en La Guaira, cuadrillas de rescate trabajan turno tras turno mientras los sismógrafos registran réplica número mil y pico. El doble terremoto que sacudió la costa central de Venezuela el 24 de junio no ha terminado de contar sus muertos.
El 12 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, actualizó el balance oficial en redes sociales: 4.490 fallecidos, 157 más que en el parte anterior. La cifra de heridos se mantiene en 16.740, según informó Rodríguez. Ambos sismos alcanzaron magnitudes de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por las autoridades venezolanas.
Los detalles cuentan la historia. De los 856 edificios afectados que registra el balance oficial, 190 colapsaron por completo. El estado La Guaira concentra la mayor parte de los esfuerzos: viviendas, edificios públicos y vías de comunicación quedaron severamente dañados. Hasta la fecha, 17.907 personas permanecen sin vivienda y 19.583 están alojadas en 108 campamentos transitorios habilitados por el Ejecutivo, según las cifras del Gobierno venezolano.
El operativo de respuesta despliega cifras de escala mayor. Según el reporte difundido por Semana.com, en las labores participan 31.837 efectivos de organismos de seguridad y protección civil, apoyados por 30.535 voluntarios. Infobae, citando el mismo parte oficial de Caracas, consigna en cambio 32.401 efectivos movilizados en total, sin desglosar categorías. Ambas fuentes coinciden en que 2.422 rescatistas internacionales están sobre el terreno, aunque Infobae señala que esa cifra representa un millar menos que el día anterior.
En cuanto a la asistencia humanitaria, el Gobierno reporta la distribución de 9.995 toneladas de alimentos y más de 18,5 millones de litros de agua potable, además de atención médica a 32.401 pacientes en hospitales de campaña y centros asistenciales. Se han rescatado 6.462 personas con vida y atendido a 120.794 familias, según las autoridades. Desde el sismo principal se han registrado 1.222 réplicas, lo que ha complicado de manera sostenida las operaciones de rescate y obligado a mantener medidas preventivas en varias localidades.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de junio. Venezuela llegó a la catástrofe con una infraestructura ya debilitada por años de desinversión y con un aparato estatal cuya capacidad de respuesta autónoma es, en el mejor de los casos, opaca. Que más de dos mil rescatistas internacionales estén operando en el país habla tanto de la magnitud del desastre como de las limitaciones del propio Estado para afrontarlo solo.
Lo que el balance oficial no dice es igualmente relevante: las cifras provienen exclusivamente del Gobierno de Maduro, un régimen que ha restringido históricamente el acceso independiente a zonas de emergencia. La comunidad internacional y las organizaciones humanitarias no han podido verificar de forma autónoma los datos. En ese contexto, la divergencia entre las propias fuentes oficiales sobre el número de efectivos desplegados no es un detalle menor: es un síntoma. Cuando el Estado controla tanto la información como el acceso al territorio, el recuento de los muertos se convierte también en un acto político. Los venezolanos que perdieron su hogar merecen algo más que cifras que no cuadran.
