La escena lo dice todo. Cuadrillas de voluntarios y rescatistas internacionales removiendo escombros en La Guaira mientras, a pocos kilómetros, los campamentos transitorios albergan a miles de familias que ya no tienen adónde volver. Dieciséis días después de los sismos del 24 de junio, Venezuela contabiliza 4,118 muertos, según el último reporte oficial divulgado este viernes 10 de julio.
Los dos terremotos —de magnitud 7.2 y 7.5— golpearon varias ciudades venezolanas en cuestión de horas. La Guaira, puerto de entrada al país y puerta de Caracas, fue uno de los epicentros del daño visible: 856 edificios afectados y 190 edificios colapsados, de acuerdo con los datos del Gobierno venezolano.
El número de heridos asciende a 16,740. Las autoridades reportan 6,462 personas rescatadas con vida, una cifra que los equipos en terreno mantienen abierta mientras las labores de remoción continúan. La esperanza de hallar sobrevivientes no se ha abandonado oficialmente.
Para contener la emergencia inmediata, el aparato estatal habilitó 89 campamentos transitorios. En ellos se encuentran 17,266 personas. La misma cifra —17,266— corresponde al número de personas sin vivienda registradas hasta el corte del viernes, lo que sugiere que prácticamente todos los desplazados están en esos refugios provisionales, sin alternativa privada a la vista.
Los detalles cuentan la historia. En los días posteriores a la tragedia, Venezuela recibió 3,454 rescatistas internacionales. El Estado movilizó 30,076 efectivos propios y contó con 29,843 voluntarios. Es decir, la respuesta inmediata dependió en buena medida de la solidaridad exterior y de la iniciativa civil, no solo de la capacidad institucional del régimen.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Un país cuya infraestructura habitacional lleva años de deterioro acumulado —producto de controles de precios, expropiaciones y colapso de la inversión privada en construcción— enfrentó dos sismos de alta magnitud con un parque edificado frágil. Los 190 edificios colapsados no son solo una estadística sísmica; son el resultado de décadas en que la libre empresa constructora fue sustituida por proyectos estatales mal ejecutados y el mantenimiento privado fue desincentivado por un marco legal hostil a la propiedad.
La cifra de 86,794 familias atendidas habla de la escala humana del desastre. Habla también de la carga que recae ahora sobre un Estado que, paradójicamente, es el mismo que durante años ahuyentó la inversión capaz de haber construido vivienda sísmica resistente y sistemas de respuesta privados.
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Para Hemisferio, la lectura es inevitable: los terremotos no discriminan ideología, pero sí revelan la acumulación de decisiones políticas. Venezuela llega a esta tragedia con una economía contraída, una diáspora de millones de ciudadanos que habrían podido contribuir a la reconstrucción, y un tejido empresarial diezmado por expropiaciones y controles. La ayuda internacional —rescatistas, fondos, logística— llena hoy el vacío que dejó la destrucción sistemática de la capacidad privada y de la sociedad civil organizada.
La reconstrucción que viene exigirá exactamente lo que el régimen ha combatido durante décadas: inversión privada, seguridad jurídica para la propiedad y un Estado que facilite en lugar de controlar. Si Caracas no abre esa puerta, los 17,266 venezolanos que hoy duermen en campamentos transitorios corren el riesgo de que «transitorio» se convierta en permanente.
