La cifra avanzó otra vez. Este miércoles 8 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, anunció en rueda de prensa que los fallecidos por los terremotos ascienden a 3.811, 126 más que en el balance anterior. Los heridos se mantienen en 16.740. Son números que, en cualquier país con instituciones funcionales, desencadenarían una auditoría independiente, una oposición fiscalizando en tiempo real y una prensa libre documentando cada campamento. En Venezuela, los datos los entrega un solo vocero oficial.
Los detalles cuentan la historia. Los dos sismos —magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter— ocurrieron a finales de junio y desencadenaron una cadena de destrucción que, según las autoridades venezolanas, dañó 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron por completo. Otras 17.907 personas perdieron sus viviendas o las tienen con afectación «muy severa». Desde entonces se han registrado 1.102 réplicas.
El aparato estatal desplegó, según el mismo parte oficial, 30.076 efectivos y 4.388 rescatistas internacionales. Se rescataron 6.462 personas y se atendieron 86.794 familias. Más de 9.603 toneladas de alimentos fueron distribuidas. Son cifras de operativo masivo, presentadas con la precisión decimal característica de los gobiernos que necesitan demostrar gestión donde la legitimidad escasea.
Casi 17.000 personas se encuentran distribuidas en 61 campamentos transitorios instalados en La Guaira, Caracas y otras regiones afectadas. Rodríguez reconoció que existen «situaciones u obstáculos» en esos albergues, aunque aseguró que el gobierno trabaja «aceleradamente» para corregirlos. También mencionó el «fuerte impacto psicológico» de los damnificados y la habilitación de canales telefónicos de asistencia con profesionales de salud mental.
La escena lo dice todo: un presidente de Asamblea —no un ministro técnico, no una agencia de emergencias autónoma— es quien sale a dar el balance diario ante las cámaras. La tragedia humanitaria y la centralización política se funden en el mismo podio.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de finales de junio. Venezuela llega a esta catástrofe con una infraestructura ya degradada por años de desinversión, con una economía que expulsó a millones de sus propios ingenieros y técnicos, y con un sistema de información donde los datos independientes son escasos. El número de réplicas —1.102 en poco más de una semana— habla de una zona sísmica que no ha terminado de moverse, mientras los damnificados esperan en campamentos cuya calidad solo el régimen puede certificar.
Hemisferio observa dos planos simultáneos. El primero es la magnitud objetiva del desastre: casi 3.900 muertos, decenas de miles de heridos y desplazados, una cifra que coloca a estos terremotos entre las catástrofes naturales más letales de América Latina en lo que va del siglo. Ese sufrimiento no admite matices políticos y merece toda la solidaridad regional.
El segundo plano es institucional. La ausencia de organismos independientes de verificación, de una prensa con acceso irrestricto a los campamentos y de una oposición con capacidad real de fiscalización convierte cada cifra oficial en un dato que el mundo debe aceptar sin contraste. Cuando el Estado es juez y parte en la gestión de su propia tragedia, las víctimas pagan el costo más alto: el de no saber si la ayuda llega, cuánta llega y a quién. La libre empresa y la sociedad civil —sistemáticamente desmanteladas en Venezuela durante dos décadas— son, precisamente, los actores que en otras latitudes fiscalizan esa última milla. Su ausencia no es un detalle menor; es parte de la catástrofe.
