La escena lo dice todo.
Parte del techo cedió y, en cuestión de minutos, 21 personas —11 de ellas niños— quedaron atrapadas dentro de una vivienda multifamiliar en la parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador, en Caracas. El derrumbe ocurrió entre las esquinas de Santa Rosalía y Candilito, y el resultado pudo haber sido catastrófico.
No lo fue.
El Cuerpo de Bomberos de la capital activó de inmediato los protocolos de emergencia. Las maniobras de rescate permitieron liberar y evacuar de forma segura a las 21 personas. Las autoridades confirmaron que el colapso no dejó fallecidos ni lesionados, pese a la magnitud del incidente.
Una vez controlada la emergencia, fue instalado un Puesto de Comando en la zona. Personal especializado en inspección de riesgos fue desplegado para evaluar las condiciones estructurales del inmueble, mientras continuaban las labores operativas en el sector.
Los detalles cuentan la historia.
Una vivienda multifamiliar en el centro de Caracas albergaba, en el momento del colapso, a diez adultos y once menores de edad. Que todos salieran sin un rasguño habla de la rapidez del operativo. Habla también, sin embargo, de algo que las autoridades venezolanas prefieren no subrayar: del estado en que se encuentran buena parte de las edificaciones populares de la capital.
El parque habitacional venezolano acumula décadas de mantenimiento diferido. Las políticas de control de alquileres, la expropiación de inmuebles y la virtual parálisis de la construcción privada durante los años del chavismo convirtieron a miles de familias en ocupantes de estructuras que nadie tiene ni incentivos ni recursos para reparar. El Estado tomó el control del mercado de vivienda y luego abandonó el resultado a su suerte.
El colapso en Santa Rosalía no es un accidente aislado: es el desenlace previsible de ese modelo. Cuando el aparato estatal desplaza a la libre empresa en la provisión de bienes tan básicos como la vivienda, el deterioro no es una posibilidad sino una certeza diferida. La pregunta no es si los techos cederán, sino cuándo y sobre quién.
Que los bomberos hayan respondido con eficacia es un alivio genuino y merece reconocimiento. Pero el heroísmo del rescate no puede sustituir a la política que habría evitado que 11 niños quedaran atrapados bajo los escombros de su propio hogar.
