La escena lo dice todo. El lunes por la mañana, mientras los mercados procesaban el último movimiento arancelario de Washington, veinticinco fiscales generales demócratas presentaban una demanda conjunta ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. El objetivo: bloquear los aranceles que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció el 23 de julio sobre 60 socios comerciales, incluida la Unión Europea.
La acción legal, firmada el lunes, califica los gravámenes impuestos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 de «arbitrarios, caprichosos y contrarios a la ley». La justificación de la Casa Blanca para aplicarlos fue que esas economías habrían fallado en imponer y «aplicar eficazmente» una prohibición a las importaciones producidas con trabajo forzado. Los estados demandantes rechazan ese argumento de raíz.
«La Administración no puede usar el trabajo forzado como pretexto para continuar su esquema arancelario ilegal», sostiene la demanda. «Los aranceles que impuso la USTR son tan amplios que desafían los propios objetivos declarados de la USTR y hacen una burla del estatuto utilizado para justificarlos.»
California encabeza la coalición junto a Arizona, Nueva York, Colorado, Connecticut, Delaware, Kentucky, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Michigan, Maryland, Maine, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin. Todos los estados tienen fiscales generales o gobernadores demócratas.
El fiscal general de California, Rob Bonta, co-líder de la coalición, afirmó que Trump «está tan empeñado en elevar el costo de vida de los estadounidenses que está dispuesto a romper ley tras ley tras ley». Bonta señaló además que esta es la tercera ocasión en que demanda a la Administración Trump por sus aranceles.
La respuesta de la Casa Blanca llegó a través del portavoz Kush Desai, quien sostuvo que «Estados Unidos está usando su autoridad legal para obtener la eliminación de actos, políticas y prácticas irrazonables que gravan el comercio estadounidense». Desai agregó que los aranceles de la Sección 301 «han demostrado ser una herramienta legalmente duradera desde el primer mandato del presidente, y lo siguen siendo ahora».
Para entender el presente hay que volver a esa semana de febrero. Fue entonces cuando la Corte Suprema dictaminó que el presidente carecía de autoridad para imponer sus aranceles del «Día de la Liberación» bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), un estatuto de 1977 concebido para emergencias nacionales. Trump calificó la decisión de «profundamente decepcionante» y dijo estar «avergonzado de ciertos miembros de la corte».
La Administración respondió imponiendo un arancel temporal de importación del 10% bajo una autoridad legal distinta: la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Una coalición de estados demandó en marzo, argumentando que ese uso de la Sección 122 también excedía los límites del estatuto. En mayo, el tribunal de comercio falló que esos aranceles específicos eran ilegales, aunque los gravámenes permanecieron vigentes mientras la Administración apelaba.
Esos gravámenes temporales vencían a medianoche del 24 de julio. La Administración anunció la nueva ronda de aranceles el día anterior. Cuando se le preguntó si confiaba en que los nuevos gravámenes resistirían el escrutinio legal, Trump insistió en que los «aranceles muy estándar» habían sido aprobados previamente en «miles de casos».
Los detalles cuentan la historia. Cada ronda de aranceles ha encontrado un obstáculo judicial; cada obstáculo ha generado una nueva herramienta legal; y cada nueva herramienta ha desencadenado una nueva demanda. El ciclo revela una tensión estructural entre el ejecutivo y los tribunales que ninguna de las partes parece dispuesta a ceder.
Desde la perspectiva de Hemisferio, el debate de fondo no es solo jurídico: es sobre quién paga la factura. Los aranceles son, en última instancia, impuestos que recaen sobre importadores, empresas y consumidores. Que veinticinco estados hayan recurrido tres veces a los tribunales en menos de un año refleja la magnitud del costo que la política arancelaria impone sobre la libre empresa y el bolsillo del ciudadano. La pregunta que quedará sin respuesta hasta que los tribunales se pronuncien es si la Casa Blanca encontrará una tercera palanca legal que aguante el peso de su ambición comercial.
