Los números no mienten, aunque incomoden. La Corporación para el Control Social (Contrial) presentará el próximo 30 de julio, en la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, el libro La soberanía en el pueblo en la Constitución de 1991: Evidencia de 25 años de la Medición del Capital Social de Colombia, escrito por John Sudarsky, Diana García y Jorge Jaimes. El escenario elegido —el Museo El Chicó, a las 5:30 de la tarde— es casi una metáfora: una institución de la vieja Bogotá para hablar de una promesa que no terminó de cumplirse.
La investigación sintetiza cinco mediciones nacionales sobre capital social y construcción de ciudadanía. Su conclusión central es tan sencilla como perturbadora: en 25 años, los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Constitución del 91 apenas crecieron un 7 %. No es una cifra de estancamiento gradual; es la radiografía de una arquitectura institucional que, pese a ser celebrada como una de las más participativas de América Latina, no logró traducirse en práctica cotidiana.
Los detalles cuentan la historia. Durante el periodo analizado, la membresía en organizaciones de la sociedad civil cayó 15 puntos. Los consejos territoriales de planeación y los presupuestos participativos —instrumentos diseñados precisamente para acercar al ciudadano a las decisiones del Estado— registraron niveles bajos de deliberación real. Y el indicador que más golpea: el 71 % de los colombianos no se siente representado por ediles, concejales, diputados ni congresistas.
Contrial atribuye parte de ese desencaje al diseño del sistema electoral. «Esta situación es, en parte, consecuencia del sistema electoral actual, que dificulta que los ciudadanos identifiquen con claridad quién los representa y los puedan llamar a cuentas», señala la corporación. A eso se agrega otro dato que el libro subraya con énfasis: el nivel de control social no ha cambiado en 25 años. La ciudadanía no solo no participa más; tampoco vigila más.
La escena lo dice todo. Colombia lleva tres décadas con una Constitución que prometió soberanía popular como principio rector, con capítulos enteros dedicados a la participación, con un catálogo de mecanismos —tutela, consulta popular, veedurías, cabildos abiertos— que en el papel son envidiables. Y sin embargo, la distancia entre el texto y la realidad medida por cinco rondas de encuestas nacionales es abismal.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de 1991 en que los constituyentes apostaron por un modelo de democracia participativa como antídoto a la violencia y la exclusión. La apuesta tenía lógica: si el ciudadano se siente dueño de las decisiones, se reduce el caldo de cultivo del conflicto. Lo que el libro de Sudarsky, García y Jaimes documenta es que esa cadena causal nunca se completó. Los mecanismos existieron, pero la cultura política, el diseño electoral y la captura de los espacios de participación por parte de operadores políticos los vaciaron de contenido.
Los protagonistas de ese vaciamiento no son nombrados en el estudio —es una medición de capital social, no un expediente penal—, pero el patrón que describe es reconocible para cualquier observador de la política colombiana: consejos de planeación cooptados, presupuestos participativos convertidos en ventanilla de clientelismo, organizaciones civiles que declinan en número y en peso real.
Desde Hemisferio, la lectura es inevitable. Un Estado que expande su aparato —más ministerios, más programas, más gasto social— mientras el capital social se erosiona y la representación se deslegitima no está construyendo ciudadanía: está construyendo dependencia. La participación real, la que mide Contrial, requiere ciudadanos con capacidad de exigir cuentas, no beneficiarios de transferencias. Esa distinción es la que el libro pone sobre la mesa justo cuando el gobierno de Gustavo Petro impulsa una reforma política que, según sus críticos, concentra poder en lugar de distribuirlo.
El dato del 7 % de crecimiento en 25 años debería ser el punto de partida de cualquier debate serio sobre reforma institucional en Colombia. No el slogan, no la retórica participativa, no los decretos de consulta popular instrumentalizados. El número frío, medido cinco veces, que dice que la soberanía popular sigue siendo, en gran medida, una promesa diferida.
