Para entender el presente hay que volver a esa semana de 2004 cuando el Gas de Camisea comenzó a fluir y los titulares prometían una transformación energética para todo el Perú. Dos décadas después, los Censos Nacionales 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) entregan un veredicto incómodo: más de 3 millones de hogares peruanos siguen cocinando con leña, superando ampliamente a quienes cuentan con gas natural domiciliario.
Los números son precisos y contundentes. El 28,4% de las viviendas utiliza leña como combustible principal. Solo el 15,8% accede al gas natural por red. El balón de GLP, solución intermedia y cara para el bolsillo popular, sigue siendo el más extendido con una cobertura del 67,3% de los hogares. Camisea, mientras tanto, genera el 40% de la electricidad nacional y abastece industrias y termoeléctricas. La riqueza existe; la distribución, no.
La geografía del acceso lo dice todo. Lima y Callao concentran la mayor parte de las conexiones residenciales. La concesionaria Cálidda administra la red en la capital, donde se localizan más de 2,5 millones de hogares conectados. En el norte operan Gases del Pacífico y Gases de Piura, ambas del grupo Promigas, que abastecen ciudades mediante el llamado «gasoducto virtual», un sistema que transporta gas en camiones cisterna. Ica recibe parte del suministro a través de Contugas. En el sur, la concesión para Arequipa, Moquegua y Tacna quedó en manos de Petroperú tras la salida de Naturgy, cuyo contrato fue resuelto después del escándalo Odebrecht que truncó el Gasoducto Sur Peruano.
Ese gasoducto es la herida abierta del relato. El Ministerio de Energía y Minas impulsó el proyecto «Siete Regiones» para llevar gas natural a Cusco, Ucayali, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y Puno. El plan nunca se concretó. Solo se terminó el tramo hacia Lima. Hoy, el gobierno busca una adenda con Cálidda para desarrollar redes en esas regiones, pero la firma con ProInversión sigue pendiente y existen cuestionamientos en el Cusco. El reciente cambio de gobierno para el periodo 2026-2031 agrega una nueva capa de incertidumbre al futuro de la masificación.
Las reservas de Camisea están proyectadas para abastecer al país hasta al menos el año 2040. El horizonte es amplio; la voluntad política, históricamente escasa. La permanencia de la leña en millones de hogares expone algo más que un déficit de infraestructura: revela las consecuencias reales de décadas de proyectos inconclusos, contratos rotos y burocracia que no llega a las cocinas del interior del país.
Los detalles cuentan la historia. Una familia en Puno o Huancavelica que cocina con bosta o carbón no es una estadística pintoresca; es el resultado directo de que el aparato estatal prometió una red y no la tendió. El INEI también anota que otros combustibles como carbón, electricidad y bosta siguen presentes sobre todo en áreas donde el gas natural aún no llega, lo que subraya que el problema es territorial y estructural a la vez.
Desde la línea editorial de Hemisferio, la lectura es esta: Camisea demostró que el Perú tiene los recursos. Lo que ha fallado es el modelo de gestión pública de la infraestructura energética. Cada proyecto inconcluso —el Gasoducto Sur Peruano es el ejemplo más costoso— es dinero de los contribuyentes y décadas de bienestar postergado para las familias más alejadas de Lima. La solución no pasa por más promesas estatales sino por marcos regulatorios estables, contratos que se respeten y apertura real a la inversión privada en distribución regional. Mientras la política energética siga siendo rehén del ciclo electoral y de los escándalos de corrupción, las ollas del interior del Perú seguirán calentándose con leña.
