La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó los recursos de protección presentados contra la paralización de las obras habitacionales de El Olivar, en Viña del Mar. La medida había sido dispuesta por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ante cuestionamientos técnicos sobre las construcciones.
Las acciones judiciales fueron interpuestas por familias, la Entidad Patrocinante Social Arquitectura y la Constructora San Sebastián. La resolución llegó después de cinco meses de tramitación.
El tribunal sostuvo que los cuestionamientos planteados corresponden a materias de alta complejidad técnica. A juicio de la corte, esos puntos requieren peritajes y otras pruebas, y deben ser discutidos en un juicio de mayor conocimiento. También afirmó que los reparos contra la actuación del ministerio no se sustentan en una vulneración legal o reglamentaria.
Tras conocerse el fallo, el seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, defendió la paralización. Dijo que existen informes técnicos que cuestionan la seguridad de las obras. «Esta decisión está respaldada por informes técnicos internos y externos, revisiones estructurales y de resistencia al fuego», afirmó.
Ruiz sostuvo además que la decisión del ministerio busca priorizar la seguridad de las familias por sobre los contratos asociados al proyecto. «Sabemos que demoler duele y que esperar más también duele. Por eso nuestro deber no es proteger contratos, ni empresas, ni intereses. Es proteger a las familias», señaló.
El seremi indicó que quienes presentaron los recursos ya anunciaron que recurrirán ante la Corte Suprema. La controversia judicial, por lo tanto, continuará. «Están en su derecho. Nosotros defenderemos nuevamente nuestra decisión con la misma convicción porque está sustentada en antecedentes técnicos sólidos», sostuvo Ruiz.
La autoridad agregó que el Minvu espera que las acciones pendientes sean resueltas con rapidez para avanzar en la reconstrucción de El Olivar. «Las familias de El Olivar llevan demasiado tiempo esperando y necesitamos avanzar en la reconstrucción para entregarles lo que merecen: viviendas nuevas, seguras y de calidad», afirmó.
La escena lo dice todo. Un proyecto habitacional paralizado, familias a la espera, recursos judiciales en curso y un Estado que dice actuar en nombre de la seguridad. En el centro del caso no hay una discusión menor: hay dinero de los contribuyentes, contratos comprometidos y la obligación básica de que una obra pública o asociada al aparato estatal sea segura antes de seguir adelante.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La corte no zanjó el fondo técnico, pero sí dejó claro que lo discutido no podía resolverse como una simple objeción administrativa. Eso importa porque, cuando hay dudas estructurales y de resistencia al fuego, el margen para improvisar se achica. El orden importa. También importa que las decisiones se sostengan en antecedentes verificables y no en presiones para acelerar una reconstrucción a cualquier costo.
Los protagonistas de esta trama siguen siendo dos: las familias que esperan vivienda y las instituciones que deben decidir si continúan o no una obra cuestionada. En el medio están los contratos, la burocracia y la pregunta de siempre: quién responde cuando la velocidad choca con la seguridad.
Desde la perspectiva de la casa, el principio en juego es simple. La seguridad de las personas no puede quedar subordinada a la inercia contractual ni al apuro político por mostrar resultados. Si los informes técnicos existen, deben pesar. Si la obra no cumple, debe frenarse. Y si el caso exige un juicio de mayor conocimiento, entonces corresponde ir hasta el final por esa vía, aunque eso retrase el desenlace.
También hay una lección para el aparato estatal. Cada demora en una reconstrucción golpea a familias que llevan demasiado tiempo esperando, pero cada error en una obra habitacional puede salir mucho más caro. Por eso el costo de decidir mal nunca es abstracto: se paga en confianza, en recursos públicos y en la credibilidad del Estado para hacer algo tan básico como entregar viviendas seguras.
