El Ministerio del Interior confirmó que los esquemas de seguridad asignados por la Unidad Nacional de Protección a varios exfuncionarios de gobiernos anteriores serán ajustados, no eliminados. La reducción busca, según Rodrigo Lara, garantizar una «protección básica» para quienes ya no ejercen cargos públicos pero todavía conservan algún nivel de amparo estatal.
La decisión golpea de frente una práctica que el propio ministro describió como un «alto nivel de desorden y derroche» dentro de la entidad. Lara cuestionó que algunos exfuncionarios de hace 8 o 10 años y exsenadores sigan con camionetas blindadas y escoltas armados cuando su riesgo, afirmó, ya pasó. La frase que usó para resumir la nueva lógica fue directa: «Usted no puede ser exministro y tener esquema de ministro».
Entre los nombres mencionados en la lista de ajustes aparecen Antonio Sanguino, Germán Ávila, Guillermo Jaramillo, Rosa Villavicencio, Daniel Quintero Calle y Carlos Carrillo, entre otros. En la trastienda del anuncio está la discusión de siempre: quién merece protección estatal, por cuánto tiempo y con qué criterios. Aquí no se trata solo de seguridad, sino de la administración de recursos públicos y de prioridades.
Carrillo, exdirector de la UNGRD, reaccionó en redes sociales y calificó la decisión de «política». También escribió: «El Gobierno reconoce riesgo extraordinario. La respuesta: ¡Un chaleco! ¡Gracias por las garantías!». Su respuesta dejó claro que el desenlace no cierra el conflicto; apenas lo traslada al terreno público, donde cada recorte de protección se lee como una señal política.
Lara defendió la medida con otro argumento central: liberar a los agentes de la Policía que hoy están asignados a esquemas de protección para enviarlos a las calles a combatir la delincuencia. Esa es, en términos prácticos, la apuesta del Gobierno: menos escoltas para exfuncionarios y más uniformados en tareas de seguridad ciudadana.
La norma citada por la propia cobertura recuerda que el Decreto 1066 de 2015 establece como causal de eliminación de esquemas que la persona deje de ejercer el cargo público, la militancia o la condición por la cual recibió la protección. También fija que, tanto ante una eliminación como ante una reducción, el afectado tiene 5 días hábiles para argumentar por qué aún persiste un riesgo latente.
Ese detalle importa porque muestra el tamaño del cambio: no se trata de una quita arbitraria en el papel, sino de una revisión de coberturas que, según el ministro, se extendieron más allá de lo razonable. La escena lo dice todo. De un lado están los exfuncionarios que conservan blindaje y escoltas; del otro, una Policía que el Estado necesita en las calles.
Para un país con tensiones de orden público, el principio en juego es claro: la protección estatal debe responder al riesgo real, no convertirse en un privilegio permanente. Cuando la burocracia se queda cuidando trayectorias políticas ya terminadas, el contribuyente termina pagando doble: por la escolta y por la ausencia del agente donde sí hace falta.
El giro del Ministerio del Interior va en sentido correcto si el criterio es el interés público. Reducir esquemas que ya no se justifican no debilita la seguridad; la ordena. Y ordenar también significa sacar al aparato estatal de la inercia de proteger por costumbre, para concentrar recursos en quienes siguen expuestos y en las calles donde se juega la seguridad de todos.
