La escena lo dice todo. En el Congreso, Alejandra Mizala, rectora de la Universidad de Chile, defendió la posición de las universidades del Cruch frente al Presupuesto 2027 presentado por el Ministerio de Educación. Su mensaje fue directo: si se afecta una parte del sistema educativo para favorecer a otra, «es el sistema entero el que se resiente».
Mizala dijo que comparte la necesidad de invertir en primera infancia y que hay evidencia de que esa inversión mejora la trayectoria académica y laboral. Pero rechazó que la respuesta sea sacar recursos a la educación superior. «La educación es un sistema que va desde preescolar hasta superior», planteó, y agregó que las universidades forman profesores y educadores de párvulos, además de hacer investigación y trabajar con establecimientos educacionales.
El punto de fondo es el reparto del dinero público. El gobierno argumenta que se ha triplicado el presupuesto de educación superior y que el de primera infancia se ha estancado. Mizala no discutió la prioridad de la etapa inicial, pero sí el mecanismo: a su juicio, «cuando le quitas recursos a las universidades» se afecta todo lo que hacen y eso golpea un presupuesto que ya está restringido.
La rectora afirmó que las universidades estatales tienen responsabilidades fijadas por ley y que, aun así, el Estado no las financia para cumplir esas funciones. También sostuvo que no está en cuestión un aumento general del gasto, sino evitar una merma. «No estamos hablando de una cantidad brutal de recursos», dijo, y añadió que mantener el presupuesto universitario no habría dejado al gobierno con «mucha complicación con otros ministerios».
Mizala descartó que la oposición del Cruch sea una defensa corporativa. Según su planteamiento, lo que está en juego es la capacidad del país de producir conocimiento. Recordó que equipos de la Universidad de Chile trabajaron con ministerios durante la pandemia y en la respuesta al virus sincicial, y sostuvo que esa investigación «ha salvado vidas» y evitó más muertes de niños por ese virus.
En su exposición, también defendió el uso de fondos basales para apoyar a estudiantes, por ejemplo a través de PACE, y advirtió que el recorte pondría en riesgo actividades de interés nacional vinculadas a salud, ciencia y exportaciones. En paralelo, reconoció que las universidades pueden mejorar su gestión interna y que existen rigideces regulatorias que encarecen su operación.
Uno de los ejemplos que dio fue el costo de estar en ChileCompra: según Mizala, a la Universidad de Chile eso le significa «25.000 millones de pesos al año de sobrecosto». También señaló que las cotizaciones previsionales están subiendo y que eso presiona los gastos fijos de las instituciones.
El trasfondo es claro: cuando el Estado aprieta por un lado, no siempre corrige una distorsión; a veces solo transfiere el ajuste a otra parte del sistema. Y en educación, el costo no se mide solo en balances: también se mide en investigación, formación de capital humano y capacidad para sostener bienes públicos que el mercado por sí solo no reemplaza.
La discusión deja una advertencia incómoda para la política fiscal. Si el gobierno quiere fortalecer la primera infancia, puede hacerlo, pero no sin explicar con precisión qué sacrifica en el camino. En esta pelea, las universidades se presentan como un activo del país, no como un gasto prescindible. Y esa es la disputa de fondo: si el dinero de los contribuyentes se usa para expandir capacidades o para desarmar una pieza del sistema esperando que otra funcione mejor por arte de magia.
