El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que la Policía podrá entrar a las universidades del país cuando se presenten hechos de violencia, vandalismo o terrorismo.
El anuncio llegó en una alocución transmitida en sus redes sociales y se apoyó en una idea central: la autonomía universitaria no puede estar por encima del orden público. «La autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado», afirmó el mandatario.
De la Espriella dijo además que su gobierno creará un protocolo nacional para diferenciar entre las protestas pacíficas y las actuaciones que, según su gobierno, impliquen violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. En su mensaje, insistió en que respetará y garantizará la protesta pacífica que se desarrolle dentro del marco de la Constitución y la ley.
A la vez, trazó una frontera explícita para lo que no considerará protesta. Dijo que el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra la fuerza pública y la población civil no pueden ser considerados formas de protesta. También afirmó que la Policía será la «primera autoridad operativa» para atender estos casos.
Según el presidente, esa fuerza podrá intervenir cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas. En ese punto fue todavía más directo: «No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia», sostuvo.
La medida, de acuerdo con el mandatario, busca proteger a los estudiantes que quieren estudiar, debatir y protestar pacíficamente. También advirtió que quienes utilicen los campus para preparar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y miembros de la fuerza pública serán perseguidos por las autoridades.
El cierre del mensaje fue una definición política sobre la función de los campus. De la Espriella dijo que las universidades deben ser espacios para «el conocimiento, las ideas y el debate» y no convertirse en refugios para la violencia o el terrorismo.
La escena lo dice todo. El gobierno coloca a las universidades en el centro de una disputa más amplia sobre autoridad, protesta y control del territorio. La decisión no solo introduce un protocolo: fija una jerarquía. Cuando el orden público y la autonomía chocan, la Casa de Nariño ya dijo de qué lado se inclina.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que el Estado decidió hablar con lenguaje de seguridad dentro de un espacio que durante años ha sido invocado como bastión de excepción. El giro favorece a los estudiantes que quieren estudiar y a la autoridad que busca frenar daños, ataques y uso de los campus para la violencia. También impone una advertencia clara a quienes convierten la infraestructura pública en trastienda del desorden. En esa tensión se juega algo más que una medida administrativa: se juega el principio de que la libertad de protestar no incluye el derecho a destruir.
