La escena lo dice todo. Lo que empezó con el caso de Juliana Guerrero terminó abriendo una puerta mucho más grande: alrededor de la Fundación de Educación Superior San José aparecen directivos con títulos expedidos por la misma universidad, familiares dentro de la estructura y una sociedad de educación virtual, ICAFT, cuya composición fue cambiando mientras cambiaban también las alianzas internas.
EL COLOMBIANO dice que documentos obtenidos por ese medio muestran que los líos no terminan en los dos diplomas que pusieron el caso en el centro de una investigación penal. El foco se amplía hacia una red en la que figuran Francisco Pareja, Stefanie Camacho, Clara Inés Galindo Díaz, Andrés Méndez Flórez, Luis Carlos Gutiérrez y Mauricio Guevara Marín, además de la congresista Jennifer Pedraza, que ha denunciado casos relacionados.
Uno de los primeros nombres que aparecen es el de Francisco Pareja, quien ejerció como una de las principales figuras de autoridad de la institución y como dueño de la misma. Sobre Pareja también existe una controversia documentada en torno a su formación académica: investigaciones conocidas durante este año señalaron que los títulos acreditados a su nombre habrían sido expedidos por la misma institución que dirigía y que no habría presentado las pruebas de Estado requeridas para algunos de ellos.
Según la documentación revisada, dos de sus títulos fueron firmados por su esposa, que tenía funciones dentro de la institución como rectora hasta marzo pasado, cuando entregó su cargo a Carlos Eduardo Rodríguez Pulido. El dato importa porque muestra un circuito interno en el que quienes ocupaban posiciones de poder también intervenían en la validación de credenciales dentro de la propia universidad.
La investigación también ubica a Stefanie Camacho, vicerrectora de la institución, con títulos académicos expedidos por la San José y registrada presentando las pruebas Saber Pro. Pero la pieza que más peso adquiere para la trama está en su entorno familiar y en la creación de ICAFT. Entre los documentos revisados aparece Clara Inés Galindo Díaz, madre de Camacho, con título en la San José y presentación pendiente de Saber Pro. Ella figura en ICAFT, una especie de universidad «fachada», según denuncias de la congresista Jennifer Pedraza.
ICAFT funciona como una pieza clave dentro de una sombrilla más grande. Detrás de su operación aparecen Stephanie Camacho, su pareja Andrés Méndez Flórez y Luis Carlos Gutiérrez, este último condenado gracias a un preacuerdo con la Fiscalía, quienes estarían vinculados a la propiedad y control de ICAFT y de la Universidad San José. El enlace entre ambas estructuras, según reportes hechos por Pedraza, es Mauricio Guevara Marín, quien figura como representante legal de ICAFT y, al mismo tiempo, como copropietario de Blue Hartmann junto con Méndez Flórez.
La empresa, creada en 2021 por Méndez Flórez, pasó de registrar un capital inicial de $1.900 millones a reportar ingresos por $27.971 millones en cuatro años, un crecimiento cercano al 1.300 %. Parte de ese movimiento, según la investigación, estaría relacionado con contratos suscritos con instituciones educativas vinculadas a la red. Ahí aparece el modelo de «yo con yo»: directivos y socios conectados con empresas que prestan servicios a las mismas instituciones.
De acuerdo con los documentos y testimonios revisados, Blue Hartmann concentra al menos tres funciones estratégicas: captación de estudiantes mediante publicidad digital y ofertas de programas cortos; operación tecnológica de las plataformas usadas para la educación virtual; y organización de jornadas masivas de graduación, las llamadas «graduatones». El cuadro que dibuja el medio no es el de una universidad aislada, sino el de una red de servicios, credenciales y contratos que se entrelazan.
Ese entramado también alcanza los vínculos familiares. En el caso de Camacho, sus padres fueron incorporados inicialmente a la estructura de ICAFT y luego salieron de ella tras un conflicto entre integrantes de la cúpula de la San José y personas vinculadas a Blue Hartmann. El movimiento, según la investigación, no aparece como un episodio aislado sino como parte de una secuencia en la que el control institucional y los vínculos personales se superponen.
Desde el equipo de trabajo de Pedraza, que ha documentado y denunciado casos como el de Guerrero, ya se han recopilado elementos sobre titulaciones otorgadas a familiares dentro de la Universidad San José. Y otro de los nombres que conecta la estructura académica con ICAFT es el de Luis Carlos Gutiérrez Martínez. Antes de convertirse en el responsable reconocido judicialmente por la expedición irregular de los documentos de Guerrero, Gutiérrez ya hacía parte de la estructura directiva de la San José.
La escena final deja una lección incómoda para cualquier sistema que pretenda llamarse educativo. Cuando una institución se convierte en red cerrada de favores, títulos, empresas y parientes, el daño no recae solo en la reputación de unos directivos: se erosiona la confianza en las credenciales, se deforma la competencia y se castiga a quienes sí cumplen las reglas.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que el caso estalló. Lo que hoy aparece en los documentos no es un simple escándalo administrativo, sino una alerta sobre cómo una universidad puede terminar capturada por intereses privados dentro de su propia casa. Cuando la educación superior se mueve como negocio de familia, el que paga no es solo el alumno: también paga el contribuyente, la credibilidad del sistema y la idea misma de mérito.
