La escena lo dice todo. Un mapa de Venezuela rodeado de velas blancas encendidas en el hall de la Universidad de Los Andes Pedro Rincón Gutiérrez, en San Cristóbal, Táchira. Eran exactamente las 6:03 de la tarde cuando estudiantes, docentes y miembros de la sociedad civil guardaron un minuto de silencio. Se cumplía el primer mes de los terremotos que sacudieron el centro del país.
La vigilia no fue convocada por ninguna institución gubernamental. Fue la propia comunidad universitaria, junto a sacerdotes y ciudadanos de a pie, la que decidió reunirse para honrar a los fallecidos y elevar una oración colectiva. Los detalles cuentan la historia: donde el aparato estatal dejó un vacío, la iniciativa privada y la fe llenaron el espacio.
La universidad tachirense no llegó a esta conmemoración como observadora. Durante las semanas posteriores al desastre, la casa de estudios se convirtió en el principal centro de acopio del estado. Desde sus instalaciones salieron decenas de gandolas cargadas de alimentos e insumos hacia las zonas afectadas, según relatan los propios organizadores. Miles de tachirenses respondieron de manera espontánea, sin esperar instrucciones ni subsidios.
El sacerdote Enmanuel Pernía, rector del Santuario Diocesano San José Gregorio Hernández del Seguro Social de San Cristóbal, tomó la palabra durante el acto. Recordó, según los presentes, «la esencia del venezolano», esa disposición a salir sin que nadie lo ordene cuando el prójimo lo necesita. Las oraciones y los cánticos se extendieron durante la noche, acompañados por varios sacerdotes.
Pero la vigilia no fue solo retrospectiva. Los sacerdotes presentes propusieron organizar un nuevo operativo de recolección de ayuda. La razón es concreta: la tragedia no ha terminado. Miles de venezolanos que lo perdieron todo siguen en medio de la incertidumbre, según los organizadores, ante lo que describieron como falta de respuesta por parte del Estado.
Esa frase —«falta de respuesta por parte del Estado»— es la que mejor resume el cuadro un mes después. No la proveyeron analistas ni opositores políticos; la pronunciaron los propios ciudadanos reunidos alrededor de las velas, en una universidad pública que funcionó como red de emergencia porque ninguna otra estructura lo hizo con la misma eficacia.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Cuando los terremotos golpearon el centro de Venezuela, la respuesta que llegó primero no vino de ministerios ni de programas sociales. Vino de comunidades, parroquias, estudiantes y comerciantes que cargaron camiones con lo que tenían. La universidad fue el nodo logístico porque tenía espacio, porque tenía voluntad y porque nadie más ocupó ese lugar con la misma velocidad.
Un mes después, la vigilia en Táchira es también un recordatorio de ese modelo. La solidaridad organizada desde abajo —desde la sociedad civil, desde las instituciones educativas, desde la Iglesia— demostró una capacidad de respuesta que el Estado venezolano no igualó, al menos no en los tiempos que la emergencia exigía.
Lo que sigue en juego es más que la reconstrucción material. Miles de familias que lo perdieron todo aún esperan certezas sobre su situación. Mientras esa incertidumbre persista, la sociedad civil tachirense ya anunció que volverá a actuar. No porque sea su obligación institucional, sino porque, en ausencia de respuestas oficiales, es lo único que funciona. Esa es, a fin de cuentas, la lección más dura que deja el primer mes: cuando el Estado falla, son los ciudadanos quienes pagan el costo, y también quienes, con sus propios medios, intentan reducirlo.
