La escena lo dice todo. A una semana del terremoto del 10 de agosto —magnitud 7,4, epicentro en el occidente de Colombia—, equipos de Fundación PLAN ya distribuían 100 kits de seguridad alimentaria y nutricional entre 495 personas alojadas en refugios temporales de Quibdó. No era el Estado el que llegaba primero. Era una organización civil con más de 40 años de presencia en el Chocó.
Un mes después de ese sismo, el balance que presenta la organización mezcla logros concretos con una advertencia que incomoda: la emergencia corre el riesgo de desaparecer de la agenda pública antes de que las familias afectadas estén en condiciones de sostenerse solas.
Lo que se movilizó
Ángela Anzola de Toro, presidenta ejecutiva de Fundación PLAN, detalló a El Colombiano que en este primer mes la organización logró movilizar más de $7.345 millones de pesos en apoyos. Los recursos llegaron de las Oficinas Nacionales de PLAN Internacional, la Ford Foundation, UNICEF, el comediante Alejandro Riaño, el Grupo Firme y donantes particulares colombianos.
Con ese capital se financiaron apoyos iniciales a familias, dotación de alojamientos temporales, instalación de espacios temporales de aprendizaje y el diseño de esquemas de atención a primera infancia en Cali, Quibdó, Pereira y sus municipios aledaños. La organización también anunció que avanza en planes de reconstrucción de vivienda e infraestructura escolar.
«La educación no puede esperar a que pase la crisis», resumió Anzola de Toro, sintetizando la filosofía operativa de la organización: intervenir en paralelo, no en secuencia.
El nudo del Chocó
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Quibdó no es Pereira ni Cali. Fundación PLAN lo reconoce sin eufemismos: el Chocó enfrenta «condiciones multidimensionales de vulnerabilidad» acumuladas históricamente —exposición al conflicto armado, limitada inversión pública y privada, rezagos en infraestructura, brechas en servicios básicos—. Un terremoto no crea esas condiciones; las amplifica.
Desde una perspectiva operativa, según la organización, trabajar en Quibdó implica mayores retos de accesibilidad, seguridad, conectividad y disponibilidad de información técnica para intervenciones estructurales. Esos factores, admite Anzola de Toro, inciden en la velocidad y la forma de diseñar la respuesta.
Lo que marca la diferencia, según la organización, es el conocimiento acumulado: Fundación PLAN opera en Quibdó y en varios municipios del Chocó desde hace más de 40 años y contaba con equipos en el departamento antes del sismo, en el marco de dos proyectos activos. Esa presencia previa fue la que permitió llegar en tiempo récord y con una evaluación estructurada de necesidades.
La fase que nadie ve
La recuperación posdesastre tiene una dinámica cruel: la atención mediática y los flujos de donaciones se concentran en las primeras semanas; la reconstrucción real tarda meses o años. Anzola de Toro lo nombra directamente como el principal riesgo del momento: que las comunidades queden solas a medida que disminuye la atención sobre la tragedia.
El gobierno colombiano, por su parte, informó en días previos el inicio de una fase de reconstrucción con 122 contratos y más de 26.000 millones de pesos comprometidos, según reportó El Colombiano. La OIM también inició distribución de ayuda humanitaria en 30 municipios. Los detalles cuentan la historia: la respuesta institucional existe, pero llega después y con menor capilaridad territorial que los actores privados y de cooperación internacional.
Lo que está en juego
El caso del terremoto del 10 de agosto ilustra, una vez más, una ecuación que Colombia conoce bien pero rara vez resuelve: las zonas históricamente marginadas por la inversión pública —el Chocó es el ejemplo más elocuente— son también las más frágiles ante cualquier choque externo, y las que más dependen de la sociedad civil y la cooperación internacional para recibir una respuesta digna.
Fundación PLAN tiene razón en señalar que la emergencia abre una ventana para cerrar brechas históricas, pero esa ventana se cierra rápido. La pregunta que queda sobre la mesa no es si el sector privado y las ONG pueden responder —este mes demostró que sí— sino si el aparato estatal colombiano tiene la voluntad y la capacidad de sostener lo que otros empezaron. La inversión pública sostenida en el Chocó no es caridad: es la única forma de que la próxima emergencia no encuentre el mismo punto de partida.
