Los detalles cuentan la historia. En 206 días de 2026, según cifras de Indepaz y la Defensoría del Pueblo, al menos 85 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. El promedio es brutal en su simplicidad: un líder muerto cada dos días. El país acumula, además, 73 masacres y más de 270 víctimas en el mismo período.
La última semana de julio puso nombre y rostro a esa estadística en Pereira, capital de Risaralda. El primero fue César Augusto Serna, líder político que militó en Colombia Humana y posteriormente en el Pacto Histórico, reconocido por organizar eventos públicos durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y por coordinar el nodo Cuba Humana en la ciudad. Según reportó El Colombiano, fue interceptado por hombres armados en la glorieta del barrio Cuba cuando se movilizaba en su vehículo y recibió múltiples disparos.
Dos días después, en la calle 19 con carrera Primera de la misma ciudad, hombres armados atacaron a Arnobio Pérez mientras se encontraba junto a otra persona. Pérez era presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio ZEA, en la comuna Río Otún, y militante del Partido de la U, según informó Indepaz. Murió en el lugar. Con su asesinato, la cifra total de líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va del año ascendió a 85, de acuerdo con la misma organización.
Pereira no es una anomalía. Es, según la Defensoría del Pueblo, un escenario de alto riesgo documentado desde hace años. La entidad advirtió sobre la situación mediante la Alerta Temprana 041 de 2020 y el informe de seguimiento 009 de 2022, en los que alertó sobre el fortalecimiento de estructuras armadas y redes delincuenciales que ejercen control territorial en la zona. Entre los grupos con presencia en el área, Indepaz y la Defensoría identifican al Ejército Gaitanista de Colombia —también conocido como Clan del Golfo—, La Cordillera, La Oficina, Los Rolos y otras bandas de carácter local.
El patrón se repite en el resto del país. Los departamentos de Cauca, Antioquia y Córdoba siguen concentrando buena parte de los asesinatos de líderes sociales, de acuerdo con las mismas fuentes. La Defensoría también señaló que persisten el reclutamiento y utilización de menores de edad, las restricciones a la movilidad y el incremento generalizado de la violencia en múltiples territorios.
Las organizaciones de derechos humanos mantienen las alertas encendidas. Pese a los llamados de la sociedad civil y de la comunidad internacional, las medidas de protección continúan siendo insuficientes, según consigna El Colombiano. La jurisdicción en la zona de Pereira corresponde a la Quinta División del Ejército Nacional.
El mapa es claro: el aparato estatal no ha podido —o no ha querido— garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes ejercen liderazgo comunitario en los territorios donde el Estado compite, con resultados desiguales, contra estructuras criminales consolidadas.
Para Hemisferio, el cuadro que emerge no admite lectura optimista. Un gobierno que hizo de la «paz total» su bandera central llega al ecuador de 2026 con 85 líderes asesinados, 73 masacres y más de 270 víctimas de esas masacres. La estrategia de negociación simultánea con múltiples grupos armados no ha desarmado a nadie en los territorios; ha dejado, en cambio, un vacío de autoridad que los grupos criminales llenan con violencia. El costo lo pagan, como siempre, quienes más necesitan que el Estado funcione: los líderes comunitarios que organizan juntas de acción comunal, coordinan barrios y construyen tejido social allí donde el gobierno central no llega. Mientras Bogotá debate marcos de paz, en Pereira entierran a sus líderes cada dos días.
