La escena lo dice todo. En el Despacho Oval, el jueves 6 de agosto de 2026, Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas sobre inmigración con el bolígrafo todavía caliente de la derrota jurídica más reciente. El 30 de junio, la Corte Suprema había tumbado su primer intento de restringir la ciudadanía por nacimiento, declarando que no podía conciliarse con la Decimocuarta Enmienda. «Fue una decisión muy, muy desafortunada», dijo Trump ante las cámaras. «Así que estamos haciendo ajustes porque es muy injusto».
Los detalles cuentan la historia. Las nuevas órdenes tienen un alcance más estrecho que la original, aquella que establecía que ningún bebé nacido en suelo estadounidense obtendría ciudadanía automática si ninguno de sus padres era ciudadano o residente permanente legal. Ahora el enfoque es quirúrgico: la primera orden excluye de la ciudadanía automática a los hijos de padres no ciudadanos cuando al menos uno de ellos sea un «enemigo extranjero», un empleado de un gobierno extranjero que actúe en esa calidad dentro de los Estados Unidos, o alguien que, según la orden, «realizó una transacción comercial para adquirir o acceder a la ciudadanía por nacimiento». La orden también restringe la ciudadanía para quienes nazcan en territorios o aguas territoriales estadounidenses donde la ciudadanía no está conferida por estatuto federal, como Samoa Americana.
La segunda orden apunta directamente al llamado «turismo de parto»: instruye al Secretario de Estado y al Secretario de Seguridad Nacional a crear reglas para impedir que extranjeros ingresen al país con ese propósito, o para expulsarlos si fuera necesario. Trump anunció «redadas muy grandes» para hacerla cumplir y afirmó que ciertas personas estaban «comprando su entrada» al país o «construyendo negocios» sobre la ley de ciudadanía por nacimiento.
El número dos de la política en la Casa Blanca, Stephen Miller, fue más directo en la ceremonia de firma. «El turismo de parto es, por definición, un fraude contra el sistema americano, contra el contribuyente americano, contra la visa americana», sostuvo. Miller describió la segunda orden como la primera en la historia de los Estados Unidos en prohibir formalmente la práctica, y precisó que el primer decreto amplía las categorías de personas consideradas inelegibles para la ciudadanía automática, incluyendo —según sus palabras— a «enemigos extranjeros, miembros de organizaciones terroristas extranjeras y grandes categorías de personas que cabildean y actúan en nombre de gobiernos extranjeros».
La escala del fenómeno es, sin embargo, objeto de debate. No existen cifras oficiales que cuantifiquen el turismo de parto. Datos gubernamentales registran menos de 10.000 nacimientos en 2024 a madres con domicilio en el extranjero, pero un artículo de abril de 2026 del Migration Policy Institute —con sede en Washington— estima, a partir de datos censales, entre 22.000 y 26.000 bebés nacidos anualmente por esta vía. El mismo instituto señala que el fenómeno es «poco frecuente» y recibe una «atención pública y escrutinio legal desproporcionados» en relación con su magnitud. Para contextualizar: los Estados Unidos registraron aproximadamente 3,6 millones de nacimientos totales en 2025.
No es la primera vez que el aparato federal actúa sobre este frente. En 2020, durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Estado adoptó una norma que permitía denegar visas de turismo a solicitantes con «razones para creer» que viajaban con ese fin. Según un informe minoritario del Comité Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales de 2022, esa regla dificultó la operación de empresas dedicadas al turismo de parto. El zar fronterizo Tom Homan afirmó en abril ante Fox News que la práctica proveniente de Rusia y China representaba específicamente una «amenaza significativa para la seguridad nacional».
Los desafíos legales llegaron antes de que la tinta se secara. Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU, declaró en un comunicado: «La Corte Suprema ya resolvió este asunto: la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución. Ninguna orden ejecutiva adicional puede cambiar el significado de la Constitución. Cualquier orden ejecutiva que intente reescribir la ciudadanía por nacimiento correrá la misma suerte que la anterior». Varios legisladores demócratas también expresaron su oposición.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que está en juego no es solo una disputa constitucional: es la pregunta de quién define el perímetro de la nación y a qué costo para el contribuyente. Desde la línea editorial de Hemisferio, la lógica es clara: un sistema de ciudadanía que puede ser adquirido mediante una transacción comercial o un viaje planificado no es un derecho; es una vulnerabilidad del Estado. Las nuevas órdenes, más acotadas y construidas sobre autoridades ejecutivas existentes, representan un intento de cerrar esa brecha sin esperar a que el Congreso actúe. Si los tribunales las sostienen —algo que el propio Trump reconoce incierto— habrán demostrado que la política migratoria puede reformarse con precisión quirúrgica. Si caen, el debate volverá al único lugar donde debería haberse resuelto desde el principio: el legislativo.
