Donald Trump volvió a meter la tecnología en el centro de la disputa política de Estados Unidos con una exigencia poco común: sustituir el término «inteligencia artificial» por «superinteligencia» en los organismos gubernamentales.
La escena lo dice todo. El presidente firmó un decreto para imponer la nueva terminología y, en su red Truth Social, escribió que «la Casa Blanca considera un ENEMIGO a cualquiera que utilice el término ‘inteligencia artificial’ en lugar del nuevo término, muy bien aceptado y más preciso, de ‘superinteligencia’».
Trump no detalló cómo se concretaría esa amenaza, pero sí había adelantado el cambio de nombre en septiembre, durante la Asamblea General de la ONU, cuando dijo que «sonaba mucho mejor».
La obligación, de acuerdo con la información disponible, no se extiende al sector privado. Aun así, Meta, el grupo de Mark Zuckerberg, ya ha usado la expresión en comunicaciones internas, y Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y aliado de Trump, emplea el término «superinteligencia» en sus mensajes en X.
La medida llegó horas después de que el mandatario reuniera en la Casa Blanca a casi dos docenas de líderes tecnológicos de Silicon Valley para hablar sobre los riesgos de la tecnología. Según Bloomberg, el cambio de nombre busca revertir la percepción negativa creciente sobre la inteligencia artificial en Estados Unidos.
Esa percepción negativa, según la misma fuente citada en la cobertura, está ligada al encarecimiento de la electricidad y al temor a la destrucción de empleos. También se menciona que hay movilizaciones locales contra la construcción de centros de datos.
Trump se presenta como un defensor firme de esta nueva tecnología y busca dotarla de una connotación positiva frente a la preocupación creciente de los estadounidenses por su seguridad. En ese contexto, el giro semántico no es un detalle menor: la Casa Blanca intenta moldear el marco con el que se discute una industria que ya genera costos visibles para hogares y trabajadores.
Poco después de la orden ejecutiva, la Casa Blanca difundió un comunicado conjunto firmado por Trump y directivos de algunas de las principales empresas del sector: Sundar Pichai, de Google; Dario Amodei, de Anthropic; Mark Zuckerberg, de Meta; Greg Brockman, de OpenAI; Elon Musk, de X; y Jensen Huang, de Nvidia.
Ese comunicado establece un compromiso para aplicar cuatro capas de controles y auditorías sobre sus modelos. El acuerdo contempla controles internos sobre ciberseguridad, bioseguridad y amenazas químicas; equipos internos de supervisión; auditores externos independientes; y un comité independiente del consejo de administración de cada empresa para vigilar el proceso.
Los firmantes reconocieron que estas medidas podrían convertirse en leyes o regulaciones en el futuro. Además, aseguraron que implementar esos controles y auditorías es «fundamental» para garantizar un «futuro seguro para todos» y se comprometieron a aplicarlas en sus empresas.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: la tecnología dejó de ser solo una promesa de innovación y pasó a ser también un asunto de seguridad, regulación y costos. Y cuando la Casa Blanca entra a definir el vocabulario, también intenta definir quién gana el relato y quién paga las consecuencias.
En el fondo, el debate toca un principio que la burocracia suele esquivar: si una tecnología exige más energía, más vigilancia y más reglas, el costo real termina cayendo sobre contribuyentes, consumidores y empresas. La libre empresa puede empujar avances, pero sin claridad regulatoria y sin límites bien definidos, el aparato estatal acaba metido en cada decisión.
La pregunta de fondo no es solo cómo se llamará la tecnología. Es quién controla su despliegue, bajo qué reglas y con qué impacto sobre el empleo, la energía y la libertad de operar en el mercado.
